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Para nuestro grupo de Cristianos de Base, el final del curso 2020-2021 estuvo signado por el falle-
cimiento y los funerales de Elvira Fueyo que, durante muchos años, fue activa participante en
nuestro colectivo. Damos las gracias a las personas que asistieron al funeral que nuestro grupo
organizó en memoria de Elvira. La asistencia fue más numerosa de lo esperado y no tuvimos
bastantes libretos de la celebración para todos. Y la participación e intervenciones fue mayor de lo
que suele ser en las misas y funerales que tienen lugar en las parroquias, pero mucho menor de lo
que suelen ser nuestras Celebraciones Eucarísticas. En todo caso sí que preveíamos que iba a ser
una asistencia lo suficientemente grande para no permitirnos, por las precauciones que se deben
tomar aún por la pandemia, hacerlo en un salón reducido, por lo que hubo que hacerlo en el
templo de la parroquia, lo que contribuía también a dificultar el tipo de celebración que hacemos
las comunidades de Cristianos de Base.
En efecto, la liturgia que prescribe el Código de Derecho Canónico es muy restrictiva en lo que se
refiere a la participación de los laicos en los actos de culto. En realidad, esa normativa establece
una separación abismal entre el sacerdocio y el laicado y genera una religiosidad muy centrada en
el culto que anula totalmente el espíritu de las celebraciones. Precisamente una de las carac-
terísticas de la Teología de la Liberación, que inspira los movimiento cristianos de base como el
nuestro, es el fomento de la participación activa de laicos y mujeres. En nuestras celebraciones
todos somos oficiantes y todos somos, o podemos ser, predicadores; desaparece la separación
artificial, que no tiene una base evangélica, entre el sacerdocio y el laicado.
Así eran las celebraciones eucarísticas que teníamos en nuestras reuniones cuando eran presen-
ciales. Y las que teníamos en nuestros encuentros veraniegos en las fincas de algunos miembros de
nuestro colectivo. La finalidad de éstas era la de
m
antener la cohesión de los grupos; coincidía
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os
los
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bros de los dos grupos de Cristianos de Base de Gijón y además invitábamos a personas a
quienes interesaba participar con nosotros en esos en-
cuentros.
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bos grupos organizába
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os los
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cuentros de Cristian@s de Base de Asturias
,
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rios días seguidos, en las que participaba gente de otros
colectivos cristianos. El año pasado no se pudo hacer
nada de todo eso por el proble
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to se desiste de hacer la de este
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es de julio, pero es-
peramos que para septiembre haya mejores condicio-
nes para realizarla. Y para el curso 2021-2022 esper-
amos que se pueda volver a las reuniones presenciales
y a la actividad normal del grupo.
Por otra parte, recordar que en octubre tendrá lugar el
VII Encuentro estatal de
REDES CRISTIANAS
. Iba a
celebrarse el año pasado en Tenerife, pero no fue po-
sible por la pandemia y se pospuso a este año, pero su
celebración será telemática. Es interesante que parti-
cipe
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os. Oportuna
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ente infor
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are
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os sobre los te-
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as que se tratarán en los diveros talleres que se están
organizando para ese evento.
Boletín núm. 8 - 2 de julio de 2021
Hace unos días, el Banco de España ha publicado un informe sobre el efecto que
supuestamente tuvo la subida del salario mínimo (aquí) cuyos resultados han sido
ampliamente difundidos por los medios de comunicación en términos como los
siguientes:
El País: El Banco de España calcula que la subida del salario mínimo en 2019 restó al
menos 100.000 empleos
20 Minutos: El Banco de España asegura que la última subida del salario mínimo lastró
la creación de hasta 180.000 empleos
El Mundo: El Banco de España constata que la subida del SMI redujo el empleo en hasta
174.000 puestos en pleno intento de Díaz por volver a aumentarlo
Expansión: El Banco de España calcula que la subida del SMI pudo destruir hasta
173.500 empleos en 2019
Cinco Días: La subida del salario mínimo en 2019 privó de empleo a mayores y jóvenes,
según el Banco de España
El efecto del informe del Banco de España es, por tanto, evidente: la subida del salario
mínimo que realizó el gobierno de Pedro Sánchez fue negativa para la economía
española pues dañó al empleo, el problema que más duele a todos nuestros compatriotas
desde hace años. Tratar de subirlo de nuevo, como pretende el gobierno, sería insistir en
algo que ha funcionado mal, así que el informe del Banco de España constituye un
clarísimo aviso a navegantes: no se les ocurra volver a subirlo.
Así, el Banco de España se constituye, una vez más, en lo que no debe ser porque no tiene
competencias para ello, el árbitro que decide qué medida de política económica es desea-
ble y cuál no. Algo curioso, como he señalado ya muchas veces, porque resulta que falla
estrepitosamente a la hora de llevar a cabo las funciones de control y supervisión finan-
ciera que sí le corresponden (provocando costes elevadísimos para todos los españoles)
y, sin embargo, se mete a dar consejos donde nadie se los pide ni tiene por qué darlos.
Muchas personas creerán de buena fe que si este tipo de informes del Banco de España
sirven para orientar y resaltar lo que está bien o mal hecho deben ser, al fin y al cabo,
bienvenidos, aunque eso le lleve a suplantar las funciones que corresponden a los
poderes democráticamente elegidos para tomar las decisiones de política económica.
El problema radica en que el Banco de España no suministra en sus informes una
opinión objetiva, técnica, científica, neutra o indiscutible, sino subjetiva, ideologizada y
sesgada por las hipótesis, valores y métodos de análisis que utiliza. La realidad es que el
Banco de España, como cualquier organismo o economista, puede llegar a las
conclusiones que previamente haya deseado alcanzar según los presupuestos de los que
parta. Y eso es justamente lo que ocurre con el informe sobre el salario mínimo que
acaba de publicar.
Los titulares de prensa que he presentado al comienzo de este artículo no dejan lugar a
dudas sobre lo que ha conseguido el Banco de España con su reciente informe: hacer
creer a la inmensa mayoría de la población que la subida del salario mínimo ha sido
negativa porque destruyó empleo, a la vista de los análisis sofisticados y aparentemente
científicos que han utilizado sus autores.
Sin embargo, no es muy difícil mostrar que la realidad de las cosas es bastante diferente
al mensaje que traslada el Banco de España.
Según la Encuesta de Población Activa (EPA), durante el año 2019 la población ocupada
en España aumentó en 402.300 personas.
En ese mismo periodo, la población de entre 16 y 19 años ocupada aumentó en
10.400
per
-
sonas, la de 20 a 24 en
46.700
, la de 25 a 29 en
23.000
y la de más de 65 en
19.600
personas.
Por tanto, no es verdad que el aumento del salario mínimo haya destruido empleo en
España en ese año, y ni siquiera entre los más jóvenes o los de mayor edad. Y, si lo
hubiera destruido por un lado, se ha ganado por otro.
Es verdad que el informe del Banco de España no dice exactamente lo que señalan los
titulares de los medios, sino que el efecto de la subida fue un menor crecimiento del
empleo en el colectivo con menos salarios. Pero es imposible saber si esa subida del
salario mínimo destruyó el empleo de esas personas que podría haberse generado si no
se hubiera dado porque el propio informe reconoce que es muy difícil determinar de
forma inequívoca qué personas lo perciben. Y, por otro lado, no se puede concluir que
fue la subida del salario mínimo la que produjo un menor aumento de la creación de
empleo sin haber analizado la incidencia de otros factores que hubieran podido
contribuir a ello.
Si el Banco de España fuese una institución responsable y trabajara con independencia y
pluralidad al servicio de los intereses generales y no del poder financiero privado, no
haría este tipo de anuncios. Haría una evaluación general y sin sesgos de los efectos de
las medidas de política económica sobre el empleo y no solo de los que le interesa
descalificar por motivos ideológicos.
¿Por qué no analiza y denuncia el Banco de España el efecto sobre el empleo de la des-
igual carga fiscal que soportan las empresas españolas como consecuencia del fraude y la
elusión de las grandes? ¿Por qué no cuantifica los costes que soportan las pymes y el e
m-
pleo que pierden como consecuencia de que las grandes empresas no cumplan la ley en
materia de pago a proveedores? ¿Y por qué no señala la destrucción de empleo que conlleva
la falta de competencia que eleva artificialmente el coste de los suministros o los finan-
cieros, o los obstáculos que tienen las pymes para concurrir a la contratación pública?
El Banco de España vuelve a extralimitarse en sus funciones, vuelve a ofrecer
conclusiones ideológicas a partir de análisis sesgados y vuelve a mentir a los españoles
haciéndole creer que no deben adoptarse las medidas que aumentan su bienestar y
mejoran el funcionamiento de la economía para defender así los intereses exclusivos de
las grandes empresas y la banca.
La institución apoyó a 2,8 millones de personas, medio millón más que en 2019, y
alerta del riesgo de los ecos de la pandemia en la desigualdad social, la protección
y la salud mental
"Esta crisis nos ha fortalecido como sociedad, ha sacado lo mejor de nosotros",
señala Manuel Bretón
Natalia Peiro: "Los datos de esta Memoria sólo tienen un sentido y una razón de
ser: la de los rostros y nombres anónimos de los cientos de miles de personas y
familias que han demandado el apoyo de Cáritas”
Raúl Flores: "La COVID-19 ha sido como una ola gigante, un tsunami que ha
pasado por encima de toda la sociedad, pero que, al analizar las condiciones de
vida de las personas a las que acompañamos desde Cáritas, que representan a
las familias más vulnerables de nuestra sociedad, pone en evidencia que estas
son, una vez más, las grandes perdedoras de esta crisis"
Desde que comenzó la pandemia el 40% de las personas vulnerables han sufrido
uno o más ataques de ansiedad o pánico, 2,5 veces más que en la población
general, y sus niveles de estrés, preocupación y tristeza se duplican respecto al
conjunto de la población en España.
"Es necesario que las políticas sociales sean integrales, que pongan en el centro a
las personas y sus derechos"
"Del tsunami al mar de fondo". Porque no pensemos que la crisis del coronavirus ha
terminado. En España, la vacunación avanza, pero también la desigualdad, y los jirones de
la pandemia, en forma de incremento de la pobreza, falta de protección social o impacto en
la salud mental. Cáritas ha presentado este miércoles su Memoria Anual 2020, que muestra
un resultado espectacular: 386,7 millones de euros, 50 más que en 2019, para acompañar a
2,8 millones de personas, casi medio millón más que el año anterior.
Y es que la crisis ha venido para quedarse. Pero también, la solidaridad. "La pandemia ha
situado a Cáritas ante un reto desconocido, al que hemos respondido con una flexibilidad y
creatividad enormes. Esta crisis nos ha obligado a reinventarnos, a repensar nuestras
actuaciones, acogida y acompañamiento para asegurar procesos integrales, centrados en las
personas y en el acceso a sus derechos, a través de una diversidad de proyectos, desde
recursos residenciales, centros de día, ayuda a domicilio a trabajo de calle, grupos de
autoayuda o procesos de animación comunitaria, entre otros", subrayó la secretaria general
de Cáritas, Natalia Peiro.
La mitad de los vulnerables, en riesgo
Una crisis en la que, como siempre, los que más lo pagan son los vulnerables. "Llevamos
15 meses soportando unas condiciones vitales que han impactado en la salud mental de toda
la población, pero de manera muy especial a la población vulnerable", explicó Raúl Flores.
"Casi la mitad de la población vulnerable se ha sentido estresada, preocupada y sin control
sobre esas preocupaciones, triste y deprimida. La mitad de la población en situación de
exclusión tiene miedo a perder su trabajo y tres de cada cuatro familias temen perder o ver
mermados sus ingresos".
Los datos, con todo, llaman a la esperanza en la solidaridad de los españoles. Así, miles de
socios, donantes y colaboradores privados han aportado más de 273 millones. Al tiempo,
las distintas Administraciones públicas aportaron a los programas de Cáritas en el año de la
pandemia 113,5 millones de euros. La tendencia se mantiene (70% fondos privados-30%
subvenciones públicas).
La parte del león se la ha llevado el programa de Acogida y asistencia, en el que se
invirtieron 92.4 millones de euros, seguidos, de los capítulos de Economía solidaria
(empleo, economía social y comercio justo, 85.6 millones), Mayores (36.2 millones),
Personas en situación de sin hogar (35.3 millones) y Salud (drogodependencia, VIH-sida,
apoyo psicológico y salud mental, 11.8 millones), por citar los más destacados.
Mención especial merece el apartado de los proyectos y estrategias en Cooperación
internacional, a las que en 2020 se destinaron más de 19 millones de euros.
Como señaló Natalia Peiro, “los datos de esta Memoria sólo tienen un sentido y una razón
de ser: la de los rostros y nombres anónimos de los cientos de miles de personas y familias
que han demandado el apoyo de Cáritas”. De hecho, la gran mayoría de las personas
atendidas en España lo fueron a través de los programas de Acogida y asistencia (1.425.991
personas, el 80,6% del total).
Un punto de inflexión
“Por los motivos de todos conocidos –explicó–el último año marca un punto de inflexión en
el número de personas acompañadas, que experimenta un incremento importante con
relación a los años anteriores". Y no cualquier cifra: casi medio millón más. En 2020,
Cáritas apoyó a 2.856.986 personas (2,4 millones en 2019). De ellas, 1.769.799 dentro de
España y 1.087.187 participantes en Cooperación internacional.
Por su parte, Raúl Flores, coordinador de Estudios de Cáritas, presentó el informe 'Del
tsunami al mar de fondo: salud mental y protección social', destacando que "la COVID-19
ha sido como una ola gigante, un tsunami que ha pasado por encima de toda la sociedad,
pero que, al analizar las condiciones de vida de las personas a las que acompañamos desde
Cáritas, que representan a las familias más vulnerables de nuestra sociedad, pone en
evidencia que estas son, una vez más, las grandes perdedoras de esta crisis”.
Un diagnóstico demoledor
El diagnóstico es demoledor, revelando importantes efectos laborales, económicos,
educativos, relacionales y de salud "que están soportando las capas sociales más
vulnerables". Con respecto al empleo, subrayó que "la tasa de paro es más del triple entre la
población atendida por Cáritas que en el conjunto de la población".
Sólo el 23% de las personas que han tenido contacto con Cáritas han logrado mantener su
empleo durante todos estos meses, mientras que el 57% han entrado y salido del mercado
laboral alternando momentos de empleo con fases de desempleo. Y, lo más preocupantes: el
20% para quienes la posibilidad de lograr un empleo siempre ha estado lejos. Son más de
95.000 personas acompañadas por Cáritas las que, al margen de la situación y el contexto
económico, nunca logran acceder a un empleo.
Otra realidad analizada es la de los ingresos dignos, una línea de flotabilidad muy difícil de
lograr para muchas familias. Según los datos del ORS, cerca de 315.000 personas (21%)
acompañadas por Cáritas viven en hogares que en ninguno de los meses en los que han sido
consultados, ni antes de la pandemia ni a lo largo de la misma, han conseguido unos
ingresos que les permitiera salir de situaciones de pobreza.
Por otra parte, alrededor de 26.000 personas (14%) viven en hogares que antes de la crisis
no vivían en situación de pobreza y ahora sí lo están. Se trata de un grupo que puede ser
definido como uno de los grandes perdedores o damnificados de esta crisis, familias que
han perdido sus ingresos y se ven ahora ante el abismo de la pobreza.
Además, la presencia de menores de edad en el hogar se muestra como un factor
diferencial: la tasa promedio del 47% de pobreza se eleva al 55% en los hogares donde
viven menores, una realidad que afecta al 59% de los hogares monoparentales y al 81% de
las familias numerosas.
La mitad no pueden pagar la vivienda
La vivienda es otro de los grandes problemas agudizados con la pandemia. Desde que
comenzara esta crisis una de cada cinco familias atendidas por Cáritas ha cambiado de
vivienda. Entre las múltiples causas que alegan para ese cambio destaca que un 50% que
afirman haberlo hecho porque no podían seguir pagando la vivienda en la que residían. Es
preocupante que, a pesar de los esfuerzos económicos que realizan las familias, aún haya
más de 220.000 familias (45,8%), que no pueden hacer frente a los gastos de suministros
básicos de agua, energía o internet.
El informe analiza, además, la importancia de otras dimensiones radicalmente importantes
para la vida y para el bienestar que afloran en estos momentos, que tienen que ver con las
percepciones, las preocupaciones, la salud mental y las redes de apoyo.
Las percepciones. Si para 9 de cada 10 residentes en España la percepción mayoritaria de
que la situación económica del país actualmente es mala o muy mala, entre las familias
vulnerables la percepción es que ese golpe no ha sido tan grave y un 26% incluso califican
la situación económica de España como buena. Para ellas, los cambios económicos del
contexto no suponen un impacto tan grave, dada su precaria situación de partida.
En el caso de la población más vulnerable, está preocupada por su trabajo y economía
personal (52%), por su estado anímico (20%) y por la posible pérdida de empleo (12%), en
caso de haberlo. Esto contrasta con las preocupaciones del conjunto de la población, más
atenta a las restricciones derivadas del control de la COVID, como la distancia con los seres
queridos (39%), las restricciones de movimientos (38%) o los confinamientos (18%). Es
decir, dos líneas de preocupación diferenciales, capacidad económica y estado de ánimo,
frente a libertad de movimiento y estar cerca de los seres queridos.
Cuidado de la salud. Llevamos 15 meses soportando unas condiciones vitales que han
impactado en la salud mental de toda la población, pero de manera muy especial a la
población vulnerable. Casi la mitad de la población vulnerable se ha sentido estresada,
preocupada y sin control sobre esas preocupaciones, triste y deprimida. La mitad de la
población en situación de exclusión tiene miedo a perder su trabajo y tres de cada cuatro
familias temen perder o ver mermados sus ingresos.
Salud mental y exclusión
Asimismo, desde que comenzó la pandemia el 40% de las personas vulnerables han sufrido
uno o más ataques de ansiedad o pánico, 2,5 veces más que en la población general, y sus
niveles de estrés, preocupación y tristeza se duplican respecto al conjunto de la población
en España. La pobreza, por tanto, no solo impacta en las condiciones de vida materiales,
sino también en la salud integral y en el bienestar emocional.
Redes de apoyo. Un elemento importante para paliar las situaciones de pobreza económica
o de pérdida de salud mental son las redes de apoyo, tanto materiales como emocionales.
Para la población atendida por Cáritas, esas redes relacionales cada vez tienen menor
capacidad de ayuda: el 14% de la población atendida por Cáritas no cuentan con ningún
tipo de apoyo ni para su soporte emocional o de cuidado, ni en la esfera más material
(préstamo de dinero o apoyo en la búsqueda de empleo), ni en el asesoramiento a la hora de
realizar trámites o gestiones. Este porcentaje se duplica, alcanzado casi el 28%, para
quienes sufren situaciones de pobreza económica.
No abandonar a nadie a la deriva
“Se habla de “vuelta a la normalidad” –señala Raul Flores— pero quizá debamos empezar
por re-pensar esa normalidad y plantear que lo que tenemos delante es una oportunidad de
crear un escenario diferente, de construir una normalidad que difiera en algunos puntos
sustanciales de lo que conocíamos y donde los derechos humanos sean garantizados de
forma eficaz para todas las personas”.
Para ello, “es necesario que las políticas sociales sean integrales, que pongan en el centro de a
las personas y sus derechos”. En concreto, desde el ORS de Cáritas lanzan las propuestas de:
- reivindicar, proteger y desarrollar: el derecho a un trabajo digno,
- el derecho a la vivienda y el derecho a la energía y al agua,
- el derecho a un sistema de garantía de rentas que proteja,
- el derecho a lo digital
- y el derecho a la salud mental, con especial atención a quienes más han sufrido esta
crisis, lo que pasa por el cuidado mutuo y el aprendizaje de que la salud mental no es solo
individual, sino social.
Todos estos derechos han sido reforzados mediante la reciente ratificación efectiva y plena
por parte del Reino de España de la Carta Social Europea revisada, lo que ha supuesto la
consecución de la primera de las 8 Propuestas políticas presentadas por Cáritas ante las
elecciones legislativas de 2019.
“Se trata, en definitiva –subrayó el coordinador de estudios de Cáritas— de derechos que
pueden condensarse en un derecho emergente y urgente, que es el derecho al cuidado, que
más allá del auto-cuidado, también necesario, se centre en el cuidado mutuo como
expresión de reconocimiento de nuestra vulnerabilidad y de nuestra interdependencia”.
Invitación de Manuel Bretón a “ser más pueblo”
Finalmente, el presidente de Cáritas, Manuel Bretón, incidió en la oportunidad de que, en
medio del dolor y la pérdida, esta crisis sirva para que "nuestra institución tenga más ganas,
si cabe, de luchar por recuperar la vida de los que más han sufrido y sufrirán las consecuen-
cias que esta pandemia deja en nuestro país y también lejos de nuestras fronteras".
Jesús Bastante
El lunes, 14 de junio, un hombre de 58 años se ha suicidado después de que la comitiva
judicial llamase al timbre de su casa para cumplir una orden de desahucio, en el barrio
de Sants de Barcelona. La víctima estaba siendo atendida por los servicios sociales y
antidesahucios del Ayuntamiento, según ha confirmado un portavoz. El juzgado de pri-
mera instancia número 3 de Barcelona desestimó un informe municipal de vulnera-
bilidad para la suspensión de la medida porque no cumplía con las exigencias que
requiere la ley, según ha explicado una portavoz del Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña. La alcaldesa Ada Colau explicó que el hombre se había quedado en el paro y
no podía seguir pagando el alquiler. Cuando han tocado a su puerta para ejecutar el
deshaucio, el hombre, que estaba solo, se lanzó por el patio interior de la vivienda,
según indican fuentes del caso. El informe de vulnerabilidad del Ayuntamiento de Bar-
celona no sirvió para evitar que le echasen de su casa. Con 58 años, inmigrante y en
paro, se suicidó.
El caso es similar al de un hombre que se suicidó en 2018 en Cornellà cuando iba a ser
desahuciado. La víctima, de 45 años, se lanzó por el balcón cuando llegó la comitiva
judicial a su casa. El propietario del inmueble era un fondo de inversión, Blackstone.
La pareja que convivía en el domicilio contaba con diversos informes municipales que
certificaban la “vulnerabilidad” y el “riesgo de exclusión social” al que estaban ex
-
puestos. El mismo día del caso de Sants, según los informativos, se ejecutaron en Bar-
celona otros 20 deshaucios. El ritmo es similar al de cualquier otro día; no todos los
deshaucios culminan en ese tipo de tragedias, pero detrás de cada caso hay una tra-
gedia humana: desempleo, incapacidad de pagar los alquileres que, en el caso de los
fondos de inversión, con frecuencia se trata de “fondos buitre” que suben exagera-
damente los alquileres de las viviendas con la finalidad de forzar a los inquilinos al
abandono de las mismas. Recordemos el caso de las viviendas sociales que vendió a
un fondo buitre la entonces alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y cuyos inquilinos
fueron forzados a abandonarlas para que se construyeran viviendas de lujo para quien
pudiera pagarlas.
Así funciona este sistema económico-social en el que vivimos. Su esencia es la des-
igualdad entre los humanos, y parece que los cristiamos nos hemos instalado en él,
olvidando que Jesús de Nazaret nos convoca a construir un mundo diferente, un mun-
do más justo y más humano, al que él llamaba «el Reino de Dios». Le estamos fallan-
do a nuestro Maestro cuando con nuestra pasividad, e incluso con apoyo activo en las
urnas, permitimos la persistencia del sistema de dominación.
