
religioso para que pueda ser de bien público. Y que aquellos bienes de extraordinario
valor que son patrimonio de la humanidad, se rijan a la terminología Unesco”.
Un guante que recogió Alberto Herrera Rodríguez, subsecretario de Presidencia y
Memoria Democrática, quien destacó que “la Iglesia ha tenido una forma de acceder al
registro, que no ha tenido ninguna otra entidad privada en España”. Al tiempo, subrayó,
la dinámica “que ha utilizado la Iglesia católica ha sido eficaz, conforme a una norma
que nadie derogó ni nadie declaró inconstitucional. Eso son dos realidades objetivas”.
Ley de Patrimonio Histórico
El representante del Ejecutivo trazó una realidad actual, destacando que “somos un
Gobierno que creemos en la política útil”, y que por ello impulsó el informe que permitió
conocer que, desde 1998, se han inmatriculado unos 34.000 bienes, y las posibles
anomalías. “El tema no está en absoluto cerrado”, aclaró Alberto Herrera.
¿H
acia dónde vamos
? “E
ste Gobierno lo que cabe esperar es que vamos a continuar
desarrollando todas aquellas actuaciones que considere
m
os favorecen a que el registro de
la propiedad responda a la realidad
”,
dejando claro que “el registro no constituye la propiedad
,
pero cuando surgen conflictos como es el caso, claramente el registro juega a favor de
quien lo tiene inscrito, porque tiene presunción de veracidad y documentación”.
A
lgo que el
T
ribunal
E
uropeo de
D
erechos
H
u
m
anos calificó de ilegal
. “A
hora lo que nos toca
es afrontar las situaciones co
m
plejas
. Y
este
G
obierno lo ha hecho y lo va a seguir haciendo
,
sie
m
pre desde la perspectiva de política útil
”. ¿Q
ué supone esto
? “U
n diálogo per
m
anente
con la Iglesia, también escuchando de cerca a la sociedad civil, y planteando posibles
escenarios
,
co
m
o en el
P
atri
m
onio
H
istórico
”,
señaló
,
abriendo la puerta a que la futura ley
“pueda salvaguardar que esos bienes
,
independiente
m
ente de la propiedad del registro
, nos
permita a todos estar tranquilos sobre su disfrute por parte del conjunto de la sociedad”.
Los obispos, ¿nos roban?
Fernando Giménez Barriocanal arrancó su intervención (que, aclaró, hacía ‘a título
personal’), con un provocador ‘Los obispos, ¿nos roban?’, en el que trató de desmontar
los informes de Europa Laica que apuntaban a que la Iglesia recibe cada año más de
11.600 millones de euros.
“Se dice que los obispos nos roban inmatriculando”, subrayó el gerente de la CEE, quien
repitió alguno de los mantras repetidos por la CEE sobre el sistema de certificación, el
franquismo y si la inmatriculación supone o no propiedad. “La Iglesia ha mostrado su
disponibilidad de estudiar, una por una, cada reclamación que pueda surgir”, matizó,
explicando que, cuando en 1861 comenzó el Registro Civil, “antes no había papeles de
propiedad o posibilidad de registrar”. “Hasta 1998 estaba exceptuados los bienes
destinados al culto, al entenderse que no era necesaria su inmatriculación, pero se vio
que era una clara discriminación a la Iglesia católica”, apuntó Barriocanal. Una situación
a la que se puso fin en 2015. En 2021, se creó una base de datos que, apuntó el ex
presidente de Cope, “el Ministerio de Justicia dijo que se habían inmatriculado bien. Y
miramos una por una”.
Tras una somera explicación sobre el informe realizado, Barriocanal concluyó
subrayando que “la mayoría de los bienes son generadores de gastos”. “Podemos
hablar de Córdoba, pero la mayoría cuestan dinero, porque son bienes del pueblo
cristiano, no son del obispo. Y no están registrados a nombre del obispo, sino a nombre
del pueblo cristiano en sus diócesis”.
“Hay que dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La Iglesia debe
custodiar. No queremos privilegios y tampoco discriminaciones”, finalizó, subrayando
que “a mí me sigue resultando curioso dudar que la catedral de Zaragoza no sea de la
Iglesia de Zaragoza”.