P
ero
,
en la perversión de la de
m
ocracia y sus valores
,
que pro
m
ueve el neofascis
m
o
,
se
está i
m
poniendo la calu
m
nia co
m
o política de
E
stado
,
se intenta i
m
poner una hege-
m
onía basada en la propaganda y los ataques a personas deter
m
inadas
. P
ode
m
os co
m-
probar que en la propaganda política de las derechas lideradas por Alberto Núñez
Feijoo y Santiago Abascal abundaban expresiones deslegitimadoras como “ocupa” y
“pucherazo” referidas a Pedro Sánchez y la política del Gobierno de coalición. Se
puede criticar al Gobierno desde la oposición, pero la política de deslegitimarlo daña
el marco legal en el que se gestó el Gobierno: la Constitución que regula la
normativa de las Mociones de Censura, las elecciones en las que resultaron elegidos
los gobernantes, las Juntas Electorales que certificaron el fallo de los comicios, la
Jefatura de Estado que encargó formar gobierno al vencedor en las elecciones…
Esos mecanismos legales, constitucionales, de legitimar al gobierno asignan a la
sociedad civil
,
al conjunto de ciudadanos
,
la relevancia
,
el rol protagonista que les
corresponde
. P
arece
,
pues
,
que la finalidad de la siste
m
ática deslegiti
m
ación que el
neofascis
m
o ejerce pretende debilitar o incluso anular la sociedad civil y convertir a
los parlamentos no en espacios de debate y confrontación de ideas sino en campos de
batalla donde cabe la calumnia y todo tipo de ataques personales. Durante los
últimos años vimos bastante de todo eso en las Cortes españolas.
O
tro rasgo negativo del neofascis
m
o al que está evolucionando la derecha española es
la perversión del equilibrio de poderes del
E
stado
. D
urante los últi
m
os años vi
m
os cómo
el Partido Popular, aduciendo diversos pretextos que no venían al caso, se estuvo
oponiendo a la renovación del Poder Judicial. De esta manera prolongó,
indebidamente, la influencia decisiva que tenía en ese órgano, y lo utilizó no sólo
para proteger a sus numerosos corruptos sino también para bloquear en las Cortes
alguna iniciativa legislativa del Gobierno. Si a este poder judicial, que la derecha ya
ejerce, añade el poder político que obtenga en próximas elecciones, nos
encontraremos sometidos a un poder soberano con manifiesta vocación de decidir
sobre la legitimidad, es decir, con capacidad de proclamar la suspensión de la ley,
apoderarse de los órganos electorales, lo que le permitirá hacer leyes según su
conveniencia, decidir quién está dotado de legitimidad para gobernar…
Es decir, poner en duda la legitimidad de un Gobierno democrático o el resultado de
las urnas al confor
m
ar un
P
arla
m
ento conlleva inoculación de desprecio a la legalidad y
sus instrumentos constitucionales con vistas a un ataque al sistema democrático y su
sustitución por for
m
as de gobierno que excluyen la participación ciudadana
. P
ero
insisto que el diseño de esa estrategia de deslegitimación tiene una finalidad social
concreta: se trata de blindar los intereses de las clases dominantes, anular la voluntad
popular y sus instrumentos legales capaces de poner freno al poder del gran capital,
de las multinacionales, de los intereses económicos que se nutren de la explotación
de los pueblos. Los privilegiados del sistema de dominación se benefician de la
ignorancia de la gente sobre lo que es la estructura de clases y el lugar que ocupan en
ella. Es evidente que una de las causas del fracaso de la Izquierda en las pasadas
elecciones municipales y autonómicas es que no supo explicar a la población que nos
encontramos en una Lucha de Clases en la que salen mejor parados quienes saben lo
que es eso y actúan según su interés aprovechando la ignorancia de la mayor parte de
la población, a la que no se le informa debidamente sobre sus intereses de clase.