Contando con la ignorancia del personal
E
l Sínodo sobre la Sinodalidad que atrajo nuestra atención durante casi cuatro años,
finalizó el 27 de octubre de 2024. La versión en español del Documento Final,
elaborado y aprobado por la
XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo
puede verse
en la dirección de Internet: https://www.synod.va/content/dam/synod/news/2024-10-
26_final-document/ESP---Documento-finale.pdf
Sin entrar en análisis y balances del proceso sinodal, que por lo demás queda aplazado
o aparcado hasta el año 2028, queremos hacer unas consideraciones sobre un aspecto
del proceso que ya nos preocupó desde el principio y durante todo el desarrollo del
mismo, y que expresamos en varios números de este boletín.
Nos referimos al boicot o sabotaje que el proceso sinodal experimentó en sus fases
diocesana y continental por parte de amplios sectores del episcopado y de la jerarquía
eclesial en general. Ciertos obispos, algunos muy próximos a nosotros, han mostrado
resistencia o han intentado frenar el desarrollo del proceso sinodal. Esta oposición se ha
manifestado de diferentes maneras:
Resistencia Pasiva: Algunos obispos han minimizado la importancia del sínodo,
evitando promover consultas en sus diócesis. Se ha percibido falta de difusión y poca
motivación para que los fieles participen en el proceso. En algunos casos, las síntesis
diocesanas no reflejan realmente las opiniones de los fieles debido a una selección
restrictiva de participantes.
Cuestionamiento Doctrinal y Críticas Públicas: Obispos y cardenales de sectores más
conservadores han expresado preocupaciones de que el sínodo pueda llevar a cambios
doctrinales inaceptables. Se han publicado cartas abiertas y declaraciones en contra
del proceso, argumentando que promueve una “protestantización” de la Iglesia.
Algunas figuras influyentes, como el cardenal Gerhard Müller y el cardenal Raymond
Burke, han denunciado que el sínodo puede debilitar la autoridad de los obispos y la
enseñanza tradicional.
I
ntentos de influir en la
A
genda del
S
ínodo
: A
lgunos prelados han intentado controlar el
ru
m
bo del sínodo
,
bloqueando ciertos te
m
as o favoreciendo posturas
m
ás tradicionales
.
S
e ha visto presión para evitar que temas como el papel de la mujer, la inclusión de
personas LGBTQ+ o la descentralización eclesial sean tratados con profundidad.
Obstaculización de la Implementación: Tras la primera sesión del sínodo en 2023,
algunos obispos han evitado aplicar las reflexiones y propuestas en sus diócesis
. S
e te
m
e
que
,
tras la publicación del
D
ocu
m
ento
F
inal
en
2024,
haya una falta de compro
m
iso
para llevar a la práctica sus recomendaciones.
E
l propio Documento Final reconoce la existencia de ese posicionamiento antisinodal
al que presenta eufemísticamente como: “Diócesis que hasta ahora han invertido
menos en el camino sinodal”.
B
oletín nú
m
. 72
- 1 de abril de 2025
S
abe
m
os por qué ocurre eso
:
el clero es un esta
m
ento privilegiado en la estructura eclesial
,
y por su propia naturaleza tiene interés en conservar la situación que le beneficia y que
el
S
ínodo tiene la vocación y co
m
etido de en
m
endar
. L
o que hemos de analizar es:
¿por qué tienen éxito sus maniobras?, ¿por qué la base eclesial, el laicado, es incapaz
de reaccionar contra el abuso de que es objeto en el marco eclesial?
Al igual que ocurre en cualquier otro ámbito social, también en la Iglesia la premisa
para que se mantengan las situaciones de injusticia y desigualdad es la pasividad y
consentimiento de los subyugados. Es decir, que las víctimas no sean conscientes de
serlo. Los privilegiados cuentan con la ignorancia del personal sometido, les interesa
fomentar y mantener esa ignorancia.
E
n el caso del
S
ínodo sobre la
S
inodalidad
,
la ignorancia del personal al que se intenta
concienciar sobre los valores de
“comunión, participación y misión”
, tiene ya una antigüe
-
dad de
17
siglos por lo menos
. A
l igual que ocurrió con ocasión del
C
oncilio
V
aticano
II,
muchas personas piadosas no entienden por qué se plantea cambiar cosas “que siempre
fueron así
”. E
s claro que esa gente nunca se involucrará en
m
ovi
m
ientos contestatarios
,
dentro y fuera de la Iglesia, salvo que los pro
m
uevan las jerarquías tradicionales, cuyo
rango y autoridad consideran indiscutibles.
P
ero hay otras for
m
as de ignorancia
m
enos evidentes aunque no
m
enos reales
. E
n el caso
del
S
ínodo que co
m
enta
m
os
,
vi
m
os la polé
m
ica que se suscitó entre quienes postulaban la
instauración del sacerdocio fe
m
enino y quienes aducían
m
otivos teológicos y doctrinales
para denegarlo
. P
ues bien
,
por
m
uy enconada que fuera esa polé
m
ica
,
hay
entre las dos
posiciones
, m
ás
“
co
m
unión
”
de lo que ellos suponen
. Am
bos dan una gran e in
m
erecida
i
m
portancia al
“
sacerdocio
”. S
acerdocio consagrado para la función de oficiante en cultos
litúrgicos
. ¿C
uándo veremos un Sínodo o un Concilio que reconozca que Jesús de
Nazaret jamás pensó en instituir sacerdocios consagrados para cultos litúrgicos?
L
a
“m
isión
”,
para la que Jesús convoca a sus seguidores es otra cosa
. L
a
E
ucaristía que
Jesús instituyó es algo
m
uy diferente de las
m
isas que se celebran en los te
m
plos
,
y para
realizarla no necesita el tipo de celebrantes que sale de los seminarios. Es la
comunidad la que debe asumir la enseñanza que comporta el mandato de reunirse en
nombre de Jesús para hacerle presente. Pedir que asuma eso un Sínodo de obispos es
demasiado. Para mantener “lo que siempre fue así”, los poderes dominantes, en la
sociedad y en la Iglesia, cuentan con la ignorancia de la gente.
La “misión” para la que Jesús convoca a sus seguidores no es la celebración
de cultos en los templos. Se trata de realizarla en la vida, en el mundo para
transformarlo. La Eucaristía que instituyó es para hacer memoria de él y de
la enseñanza que impartió, y no instituyó rangos clericales para esa función.
“Pacha mama” es el nombre con e1 que los pueblos originarios de la zona
andina en lengua quechua designan finalmente a la tierra, “Madre Tierra”.
E
se concepto de
T
ierra
M
adre
es co
m
partido por los pueblo
s m
ayas
:
la tierra
,
el agua, el árbol son algo sagrado. La madre tierra es la que nutre, protege y
sustenta a los seres humanos. La madre tierra: de ahí nos viene la vida.
Entre los años 1976 y 1985 se construye la más grande central hidroeléctrica
de Guatemala. Situada entre tres departamentos: Alta Verapaz, Baja
Verapaz y Quiché, sobre el caudaloso rio Chixoy, por lo que será conocida
como “Hidroeléctrica Chixoy”.
A
lo largo de cincuenta kiló
m
etros
m
uchos pueblos
m
ayas achíes fueron des-
alojados da sus tierras
(
otra vez
),
y su proyecto fue entonces
m
uy contro-
vertido
;
co
m
o digo
,
cincuenta kiló
m
etros fueron inundados
. D
e entre todas las
comunidades afectadas sólo una, la de Rio Negro, se opuso a la evacuación.
Paramilitares y militares se ocuparen del desalojo forzado de aquellos
poblados, que pasó a la historia con el significativo nombre de la “Masacre
de Río Negro”. Más de cinco mil personas asesinadas bajo el pretexto de
fomentar actividades contrainsurgentes, algo que pastores evangélicos,
sacerdotes católicos, periodistas y supervivientes negaron; nunca ninguno
había detectado ninguna organización guerrillera. La verdad era que aquel
traslado significaba el abandono de sus fértiles valles para ocupar
inhóspitas, duras y ásperas zonas. Tampoco era eso lo prometido durante
años. Aquellas treinta y dos comunidades que veían sus tierras anegadas y
ahora eran realojadas en otras, vivieron sin disponer de energía eléctrica.
Años más tarde, el estado guatemalteco, comprometido a reparar a los
descendientes de las personas masacradas, entregó a las familias sólo la
quinta parte de lo acordado, que “no es un regalo, sino un derecho
adquirido”, al tiempo que se recordaba que tanto el Banco Mundial como el
Banco Interamericano, entidades financieras del proyecto, eran considerados
responsables de las masacres.
Sirva esta historia para explicar la especial animadversión con que son
observados todos los proyectos, tanto extractivos como hidroeléctricos, que
hoy siguen siendo objeto de movilizaciones y conflictos en todas las
regiones del país. Siempre se sospecha qua tras un nuevo proyecto se
encuentra el engaño, el saqueo y la corrupción.
En el año 2013, un muy famoso club de futbol español abría su primera
escuela de fútbol en Guatemala con el objetivo de ofrecer a los jóvenes una
nueva manera de afrontar desde la educación y el deporte la tremenda
violencia de las maras juveniles tan extendida por gran parte del país.
¡Cómo no iban a ilusionarse los muchachos con la posibilidad de vestir la
camisola blanca!
Un tiempo después pudimos enterarnos por los medios de la visita del
presidente del famoso club que, sorprendentemente coincidía con ser
también presidente de la empresa constructora que, en ese momento llevaba
a cabo el proyecto de construcción de cuatro hidroeléctricas sobre otro de
los más caudalosos ríos de Guatemala.
Hasta ahora ese río abastecía de agua para la agricultura, para el uso
doméstico y para la propia subsistencia a más de cincuenta mil personas,
afectadas: de nuevo se trataba de pueblos originarios maya k'eqchies. El
proyecto incluye ahora el entubado de gran parte del recorrido del río, y el
resto va encajonado entre dos muros.
Ha sido invocado en muchas ocasiones en Guatemala el convenio 169 de la
OIT, que exige a los gobiernos una consulta previa a las comunidades
indígenas afectadas, siempre que se trate de tomar decisiones que puedan
tocar los derechos de esas comunidades sobre tierras y recursos naturales.
También es exigencia fundamental el estudio de impacto ambiental previo.
Pero es igual. Se hacen estudios mentirosos. Se saltan las normas y se
continúa con el proyecto. Ya se han canalizado más de cincuenta kilómetros
del río, dejando sin agua a una gran parte de la región de Alta Verapaz, una
de las zonas de mayor exuberante naturaleza de Guatemala.
Recuerdo lo que decía al comienzo: para la cultura del pueblo originario, el
rio es sagrado; en su cosmovisión el maltrato que se hace al río destruye su
ecosistema, su forma de vida: el río está vivo y es fuente de vida. Les dicen
que genera energía, pero no para esas comunidades, es para venderla a otros
países. Al final volvemos a lo mismo, a lo de siempre, que nunca ha tenido
fin. Se trata ahora del robo de un río. A cambio, futbol y camisetas blancas.
En España, los fondos buitre se han convertido en un problema a la orden del día.
Entidades multimillonarias compran cientos o miles de viviendas a tocateja y a la vez
para especular con ellas, inflando el mercado y dificultando el acceso a un bien de
primera necesidad como son los hogares. En concreto, los tres más grandes que se mueven
en nuestro país son Blackstone, Cerberus y Lone Star, y son llamativas sus relaciones con
apellidos muy conocidos de la política conservadora y de la banca españolas.
Son innúmeros los casos de escándalo que se han ido sucediendo a lo largo de los años en
este sector. Algunos ejemplos pueden traerse a la mesa con tres apellidos concretos como
principales protagonistas: Aznar, Botella y Botín. El expresidente del Gobierno es ahora
uno de los defensores principales de los fondos de inversión extranjeros, en tanto que habla
de la «confianza» que depositan en la economía de nuestro país. Su hijo, José María
Aznar Botella, estuvo al frente de Haya Real Estate, que estuvo enmarcado en la
estructura de Cerberus y que fue vendido a la empresa sueca Intrum por 136 millones de
euros tras haber reportado beneficios millonarios durante años.
Haya Real Estate y Aznar Botella fueron responsables de un intento de desahucio múltiple
en el municipio de Paterna, después de que quisiera expulsar de sus casas a muchos vecinos
con el objetivo de vender los inmuebles por hasta 10 veces más dinero de su coste original.
Se estima, según medios de comunicación, que Aznar Botella posee más de 40.000
millones de euros en activos inmobiliarios.
Ana Botella vendió vivienda pública a Blackstone
L
a cosa no ter
m
ina en
P
aterna con la familia Aznar Botella. La excalcaldesa de Madrid,
A
na
B
otella
,
llevó a cabo la
venta de pisos sociales a fondos buitre en 2013
, concretamente 1.860
viviendas públicas protegidas a dos sociedades de
B
lackstone
por debajo del precio de
m
ercado.
L
a venta irregular de
1.860
viviendas de la
Em
presa Municipal de Vivienda y Suelo
(EMVS),
realizada en
2013
por el
A
yunta
m
iento
,
fue archivada por el juzgado
38
de
M
adrid
. E
l
T
ribunal
de Cuentas consideró que el Consistorio vendió por debajo del precio de mercado estas 18
promociones inmobiliarias. «El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al
mínimo jurídicamente exigible», concluía la sentencia del Tribunal de Cuentas, que el
pasado diciembre condenó a Botella y a otros siete miembros de su equipo a abonar un total
de 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública con esa
venta. Esa investigación concluyó, además, que la operación se hizo aportando información
privilegiada a los fondos, «sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial».
Aznar y sus conatos de lobista
Por su parte, el propio José María Aznar tampoco es ajeno a este submundo inmobiliario.
Fiel a las ideas neoliberales que promulgó en su etapa gubernamental, se ha mostrado
siempre del lado de estos fondos de capital extranjero. Ya en 2016 se reunía con fondos de
capital riesgo y gestores de fortunas familiares extranjeros, a los que presentó las
oportunidades que ofrece nuestro país y se ofreció como ‘facilitador‘ de sus inversiones.
Para ello, el expresidente del Gobierno se valió de su hijo, Alonso Aznar, que trabajó en
Citi durante cinco años, y de su yerno, el empresario Alejandro Agag. También fue
miembro entre 2007 y 2009 del consejo asesor internacional de Centaurus, un fondo de
capital riesgo que sucumbió en la crisis financiera. El exlíder del PP se quiso valer, ante los
gestores de los fondos, del peso específico de su figura, su conocimiento de los entresijos
del mundo político y empresarial en España y sus buenas relaciones con el PP.
Lone Star, Botín y las residencias de estudiantes
P
or últi
m
o
,
el tercer apellido en discordia en este
m
ercado es el de
F
elipe
M
orenés
B
otín
-
S
anz
de
S
autuola
,
hijo de
A
na
B
otín
,
que co
m
o
m
iembro de Lone Star, negociaba principalmente
con activos de riesgo
. E
n
m
arzo de
2018
, creó junto a un socio su propio fondo, denominado
S
toneshield
,
afincando la sociedad en
L
uxe
m
burgo
. D
esde allí controla uno de los grupos
m
ás
grandes de
E
spaña de residencias de estudiantes
,
M
ica
m
pus
,
con
m
ás de
30
centros operativos.
F
elipe
M
orenés es
el
m
ayor de los tres hijos de
A
na
B
otín
, presidenta del Banco Santander.
T
rabajó en
L
ondres en
UBS
y luego en
L
one
S
tar
,
donde coincidió con Juan Pepa, que era el
director para Europa del fondo texano. Lone Star envió a los dos a España, donde contaba
con una importante cartera de activos inmobiliarios después de haberse hecho con créditos
dudosos de la entidad alemana Eurohypo y con la inmobibiliaria de Kutxabank, Neinor.
Esta última operación se formalizó en mayo de 2015 y, en menos de tres años, Lone Star
vio sus beneficios crecer en 350 millones de euros a base de comprar hipotecas impagadas
o en riesgo de caer en morosidad, con descuentos que superan habitualmente el 50%.
E
l fondo buitre intenta
quedarse cuanto antes con el piso
o local para rehabilitarlo y ponerlo
de nuevo en el mercado por un precio mucho mayor al de compra. «Se habla de fondos
oportunistas, pero somos fondos patriotas porque había que dar entrada a la confianza» en
el ladrillo español», justificó Juan Pepa en 2015 con una insólita nomenclatura.
Se dispara el número de grandes tenedores
E
stos son sólo algunos eje
m
plos concretos de las
m
aneras de operar de esta clase de gigantes
in
m
obiliarios
,
pero la cantidad de casos es alar
m
ante
. E
n concreto
,
M
adrid
se está transfor
m
ando
en un parque temático pensado para las grandes empresas y las fortunas de sus directivos:
Fondos buitre y grandes especuladores son bienvenidos a la capital de la gentrificación,
donde los vecinos ya no tienen barrios de los que (ni a los que) huir. El Gobierno de Isabel
Díaz Ayuso se niega a aplicar políticas de vivienda y no acepta las de ámbito nacional,
centrada en reducir impuestos a las rentas más altas y las grandes herencias, que utilizan su
creciente y patrocinada fortuna para comprar más pisos con los que especular.
Tan solo en un año, entre 2023 y 2024, el número de propietarios con más de tres pisos
alquilados se ha disparado en 2.600. La Comunidad de Madrid goza ahora de 10.242
propietarios con más de tres viviendas, lejos de los 7.600 que acogía en verano. Los datos
han sido revelados por la propia administración en una respuesta a una pregunta
parlamentaria emitida por Más Madrid. Entre los privilegiados los hay siempre un poco
más y los propietarios de diez o más pisos también han crecido, de 1.507 a 1.868.
Entre los conocidos como grandes tenedores acumulan casi 150.000 inmuebles, según
recoge el Catastro y adelantaba elDiario.es, saliendo a una media de 75 pisos. «No son
pequeños propietarios, son fondos y especuladores que vacían los bolsillos de las familias
madrileñas», denunciaba la formación autonómica a través de sus redes sociales. Resulta
evidente que las fortunas que se encuentran detrás de estas viviendas no son el perfil de
empresario ‘hecho a sí mismo’ que la derecha liberal quiere vender, sino fondos masivos de
especulación que destrozan barrios y las vidas de sus vecinos.
El Comité Europeo de Derechos Sociales, que depende del Consejo de Europa, ha
condenado a España por los cortes de luz en la Cañada Real. Concluye que, para que las
personas disfruten de sus derechos a la vivienda, a la salud y a la educación, deben tener
un “acceso estable, constante y seguro a energía adecuada”.
A
sí lo constata en el fallo que ha hecho público contra
E
spaña
–
publicado oficial
m
ente este
m
iércoles
,
pero que se filtró a la prensa en novie
m
bre tras su notificación a las partes
–
por
vulnerar derechos de la
C
arta
S
ocial
E
uropea en la Cañada Real Galiana, en Madrid. Allí,
unas 4.500 personas, entre ellas 1.800 niños y niñas, llevan más de cuatro años sin luz.
C
abe destacar que se trata de una condena si
m
bólica
,
pues el
C
onsejo de
E
uropa es ajeno a
la
U. E.,
y está destinado a pro
m
over
“
una unión
m
ás estrecha entre sus
m
ie
mbros (46 E
stados
europeos) para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su
patrimonio común”, así como “favorecer su progreso económico y social”.
En su decisión, considera que cuando los estados optan por suministrar energía a través
de empresas privadas, no pueden “subcontratar” sus obligaciones en materia de derechos
humanos para con esas empresas. “Garantizar los derechos de la Carta sigue siendo una
responsabilidad del Estado”, subraya.
Esta es una de las decisiones que adoptó el Comité Europeo de Derechos Sociales en su
reunión plenaria en Estrasburgo el 11 de septiembre del año pasado. La demanda
colectiva fue presentada hace dos años y medio, el 2 de marzo de 2022, por cinco
organizaciones, entre ellas CCOO, ante el Comité Europeo de Derechos Sociales.
Igualmente, el Comité avisa de que cuando las personas tienen acceso “irregular o nulo”
a la energía durante un período prolongado, se encuentran “pobres energéticamente”.
Dice que esta situación plantea “serias preocupaciones” en términos del derecho a la
protección contra la pobreza y la exclusión social, establecido en la Carta.
Vulneración de varios artículos
E
n concreto
,
señala que existe una violación de los artículos
11.1
y
11.3
de la
C
arta
,
con respecto
a la falta de adopción por parte del Estado de medidas apropiadas para eliminar –en la
medida de lo posible– las causas de la “mala salud” creada por los cortes de energía.
También concluye por unanimidad que se ha violado el artículo 31.1 de la Carta, en
relación con la falta de adopción por parte del Estado de “medidas adecuadas” para
“garantizar la vivienda de un nivel adecuado para las personas interesadas”.
Igualmente, recalca que las viviendas que carecen de servicios básicos como el acceso a
la electricidad y a la calefacción no puede considerarse una vivienda de “una población
adecuada”. Así, considera que la energía es “esencial” para fines de calefacción,
iluminación, lavado, cocina y refrigeración.
También apunta que las medidas adoptadas en relación con el realojamiento fueron –a
falta de otras medidas–, “insuficientes” en términos de garantizar el disfrute del derecho
a la vivienda en virtud del artículo 31, apartado 1, de la Carta. En esta misma línea,
indica que España no ha adoptado medidas “adecuadas” para garantizar que los
afectados de los Sectores 5 y 6 de Cañada Real disfruten de su derecho a vivienda.
T
a
m
bién hace referencia a la participación de las fa
m
ilias y/o las asociaciones que los represen
-
tan
. A
ñade que estos tienen que tener la oportunidad de expresar sus opiniones y participar
en los procesos de to
m
a de decisiones sobre políticas
,
estrategias y
m
edidas que les i
m
pactan.
Niños, mujeres trabajadoras y personas con discapacidad
Por un lado, el Comité determina que la falta de electricidad ha afectado
“especialmente” a las personas con discapacidad que viven en la Cañada Real. Así,
reconoce que “la falta de políticas estables, consistentes y el acceso seguro a una energía
adecuada puede crear barreras al ejercicio efectivo del derecho a independencia,
integración social y participación de las personas con discapacidad”.
Las organizaciones demandantes han alegado que los cortes de electricidad, que
comenzaron en octubre de 2020 y aún continúan, estaban teniendo un grave impacto
negativo en la vida de al menos 4.500 habitantes, incluidos unos 1.800 niños.
Asimismo, entendían que se está produciendo una violación de dos bloques de derechos
protegidos en la Carta Social Europea, y denunciaban el quebranto de hasta diez
artículos relacionados con derechos transversales como el derecho a la vivienda, el
derecho a la protección de la salud, el derecho a la protección contra la pobreza y la
exclusión social, y el derecho a trabajar.
E
n este sentido
,
los denunciantes alegaron una violación del artículo
11
,
por el i
m
pacto de
los cortes de electricidad en la salud de las personas afectadas
. I
ncluyen un au
m
ento de las
infecciones respiratorias
,
así co
m
o enfer
m
edades der
m
atológicas y circulatorias relacionadas
con el resfriado. También dificultades en el uso de dispositivos médicos esenciales,
casos de intoxicación por monóxido de carbono o quemaduras, entre otros sucesos.
También han alegado una violación del artículo 15, porque la falta de electricidad
impide a las personas con discapacidad ejercer plenamente su derecho a la
independencia, la integración social y la participación en la vida de la comunidad.
Además, han denunciado una violación del artículo 16 debido a la falta de garantía por
parte del Estado del derecho a una vivienda de un nivel adecuado.
El artículo 17.1 (a) y (b) y el artículo 17.2 también han sido mencionados, por impedirse
el pleno desarrollo de la personalidad de los niños y jóvenes y afectar a su acceso a la
educación, fomentando así el ausentismo y dificultando el estudio. Lo mismo ocurre con
los artículos 20 (a) y 27.1 (a), por afectar desproporcionadamente la vida de las mujeres
trabajadoras, incluidas las que tienen responsabilidades familiares.
Asimismo, han señalado una violación del artículo 23 porque el Estado no ha
implementado medidas adecuadas destinadas a proteger a las personas mayores
afectadas por los cortes de energía. También una vulneración del artículo 30, por no
haber adoptado el Estado medidas que protejan a los vecinos de los sectores 5 y 6 de
Cañada Real, contra la pobreza y la exclusión social.
F
inal
m
ente, también del artículo 31, por no haber adoptado ninguna medida efectiva para
evitar la interrupción de los servicios esenciales, incluido el suministro de electricidad.
Varios iraníes que se convirtieron al cristianismo, entre ellos
una mujer embarazada de su primer hijo, han sido condenados
a más de 40 años de prisión (en total) por propaganda contraria
al islamismo. En otras palabras, por motivos relacionados con
sus creencias y prácticas religiosas.
Abbas Soori, Mehran Shamloui y Narges Nasri, que está
embarazada, fueron condenados por la jueza del tribunal
revolucionario Iman Afshari el 8 de marzo de 2025, Día
Internacional de la Mujer.
Narges, de 37 años, recibió la condena más dura: diez años por
"actividades de propaganda contrarias a la ley islámica", a los
que se suman cinco años por pertenecer a un “grupo de
oposición” (iglesia doméstica) y un año más por “propaganda
contra el Estado”, por un mensaje de apoyo al movimiento
Mujeres, Vida, Libertad.
Abbas, de 48 años, fue condenado a 15 años de prisión,
divididos en 10 años por “actividades de propaganda” y cinco
años por pertenecer a un “grupo de oposición”; y Mehran, de 37
años, fue condenado a ocho años de prisión por el primer cargo
y a dos años y ocho meses por el segundo.
El tribunal también les condenó a años de privación de
derechos sociales en los ámbitos de la salud, el empleo o la
educación (15 años para Narges y Abbas, y 11 años para
Mehran), así como a una multa de 330 millones de tomans
(3,500 dólares) para Narges y Abbas, y de 250 millones (2,750
dólares) para Mehran.
Los tres cristianos fueron detenidos el 3 de noviembre de 2024
durante redadas simultáneas de agentes de los servicios de
inteligencia en sus domicilios de Teherán, durante las cuales se
confiscaron efectos personales, como biblias, cruces e
instrumentos musicales. (Mehran es músico y el material que
los agentes le confiscaron tiene un valor de alrededor de
5,500 dólares).
Los cristianos fueron trasladados al pabellón 209 de la prisión
de Evin, que está bajo el control del Ministerio de Inteligencia.
Un mes después, tras una serie de largos e intensos
interrogatorios, fueron puestos en libertad bajo fianza,
equivalente a más de 20,000 dólares cada uno.
Al menos otros diez cristianos fueron detenidos el mismo día
de noviembre en redadas coordinadas en casas cristianas de
todo el país, especialmente en las ciudades de Karaj (cerca de
Teherán), Mashhad en el noreste, y Shiraz y Bandar Abbas en
el sur.
La magistrada es conocida por la severidad de sus sentencias y
los numerosos veredictos pronunciados contra las minorías y
los activistas.
Esta persecución de los cristianos confirma el hecho de que
hay un “claro retroceso” de la libertad religiosa en Irán, en
relación con la creciente represión de las autoridades
vinculada a las mani-festaciones que estallaron tras la muerte
de Mahsa Amini a manos de la policía del orden público,
explica Asianews.
También se dio a conocer otra noticia de Irán: la liberación de
Somayeh Rajabi, que salió de la prisión de Mati Kola el 8 de
marzo, el día en que fueron condenados los otros tres
cristianos. Detenida el 6 de febrero durante una reunión de
oración en la provincia de Mazandaran, la mujer fue puesta en
libertad tras pagar una fianza de más de 40,000 dólares.
El director de Article 18, Mansour Borji, subraya que “fijar
fianzas exorbitantes para los cristianos detenidos únicamente
por practicar su religión es una táctica cruel y opresiva.
Mientras millones de iraníes se enfrentan a severas medidas de
austeridad, el gobierno explota sus dificultades financieras para
castigar aún más y silenciar a las minorías religiosas”.