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La Teología de la Liberación representa un cuestionamiento profundo a la
tradición teológica dominante dentro de la Iglesia. Como era de esperarse, los
sectores conservadores de la institución han expresado fuertes críticas hacia el
espíritu que anima esta corriente renovadora. Resulta útil, entonces, examinar
estas objeciones y valorar su pertinencia.
Uno de los reproches más frecuentes es que esta teología cambia el centro de
gravedad de la reflexión: ya no sitúa directamente a Dios en el núcleo de su
pensamiento, sino al pobre. Desde la mirada crítica, este desplazamiento
implicaría una instrumentalización de lo divino al servicio de fines sociales o
políticos, desvirtuando así —según sus detractores— la dimensión trascendente
de Dios.
Sin embargo, esta crítica parece pasar por alto —o eludir deliberadamente— que
el corazón del mensaje cristiano es, precisamente, la encarnación de Dios en la
historia humana. Jesús no vino al mundo como figura abstracta o distante, sino
como alguien profundamente comprometido con el sufrimiento de los más
vulnerables. Se identificó con los marginados, los pobres y quienes padecen
injusticias. Así lo expresa con claridad el Evangelio: “Lo que hicisteis a uno de
estos más pequeños, a mí me lo hicisteis”. En la parábola del Buen Samaritano,
Jesús no exalta la religiosidad de quienes se dirigen a orar en el Templo, sino la
compasión de quien se detiene a socorrer al necesitado. Al ensalzar a quien se
detiene, se conmueve y actúa a favor del herido, reafirma la opción preferencial
por los pobres como núcleo del auténtico seguimiento cristiano.
Otra crítica habitual sostiene que al poner la causa del pobre en el centro de la fe,
la Teología de la Liberación corre el riesgo de politizar el mensaje evangélico.
Desde esta perspectiva, se la acusa de convertir el Evangelio en un manifiesto
ideológico y de reducir a Jesús a una figura revolucionaria más. Además, se
objeta el uso de categorías como la lucha de clases, provenientes del marxismo,
lo cual —según sus opositores— comprometería la “pureza” del pensamiento
teológico con ideologías ajenas a la fe cristiana.
B
oletín nú
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. 77
- 10 de julio de 2025
Sin embargo, lo que parece incomodar a muchos sectores conservadores no es
tanto la relación entre fe y política, sino el tipo de política que esta teología
impulsa: una política comprometida con la emancipación de los oprimidos. A lo
largo de la historia, la Iglesia no ha vacilado en respaldar sistemas de poder
cuando estos coincidían con sus intereses o con su visión del orden social.
Apoyó, por ejemplo, la monarquía absoluta bajo la doctrina del “derecho divino”
de los reyes; toleró el colonialismo y el capitalismo sin mayores objeciones
morales. Pero cuando emergen movimientos que cuestionan las estructuras de
poder y privilegio, y buscan mayor equidad social, entonces surgen rápidas
condenas con etiquetas como “marxismo”, “totalitarismo” o “ideología”.
Se rechaza el método marxista por su teoría de la lucha de clases, sin advertir
que ese mismo rechazo implica ya un posicionamiento dentro de esa lucha: el
silencio o la pretendida neutralidad frente a la injusticia constituye, en sí misma,
una forma de tomar partido.
Algunos detractores sostienen también que esta teología pone tanto énfasis en lo
humano que olvida la dimensión espiritual del ser humano. Se trata de un
reproche clásico, que suele emplearse para promover prácticas devocionales que
desvíen la atención de las realidades de opresión, manteniendo así al creyente
alejado de los mecanismos concretos de explotación que lo afectan, mientras se
lo anima a ocuparse de sus rezos.
En esa lógica interesada en conservar el orden establecido, se acusa a la Teología
de la Liberación de sustituir a Cristo por la política, olvidando que fue
precisamente Cristo quien confrontó estructuras injustas. Él denunció el poder
del dinero, expulsó a los mercaderes del Templo y llamó a trabajar por el Reino
de Dios y su justicia: un Reino que comienza a gestarse en la Tierra, donde se
debe hacer la voluntad divina, “así en la Tierra como en el Cielo”.
Resulta evidente que la teología tradicional ha promovido con frecuencia fines
escatológicos y promesas de salvación eterna como un modo de contener o
neutralizar el impulso hacia la transformación social. Su insistencia en la
eternidad, el alma y la salvación parece buscar que el creyente desvíe su mirada
del sufrimiento presente. En esa lógica, termina poniéndose al servicio de los
poderosos y legitimando el statu quo.
La Teología de la Liberación afirma, por el contrario, que no es posible conducir
verdaderamente hacia Cristo ni construir su Reino si la religión permanece ajena
a la liberación concreta de los oprimidos. Sólo una fe encarnada en la historia
puede ser fiel al Evangelio.
La OTAN ha dejado de ser, si alguna vez lo fue, una simple alianza defensiva entre
naciones libres e iguales. Hoy, más que nunca, se ha consolidado como el principal
instrumento de proyección militar de Estados Unidos, adaptado a los intereses
cambiantes del capitalismo global y sus élites. Lejos de garantizar la seguridad
colectiva, su papel real ha sido el de reforzar la hegemonía geopolítica
estadounidense a través de la subordinación militar, económica y política de sus
aliados, en especial los países europeos.
Desde su creación en 1949, la Alianza Atlántica ha intervenido en numerosos
conflictos que poco o nada tenían que ver con la defensa de sus miembros: desde
Yugoslavia hasta Afganistán, pasando por Libia, Irak o Siria, las operaciones de la
OTAN han respondido con frecuencia a los objetivos estratégicos de Washington
más que a amenazas reales contra el conjunto de los países miembros. Esta lógica
se ha intensificado con la reelección de Donald Trump, quien en su nuevo
mandato ha retomado con renovado énfasis la presión sobre Europa para
aumentar drásticamente el gasto militar, forzando a sus aliados a actuar como
simples consumidores de armamento estadounidense.
Trump, como presidente en ejercicio, ha dejado claro que su visión de la OTAN no
es la de una alianza entre pares, sino la de un sistema de vasallaje económico. Con
un estilo abiertamente autoritario y una retórica propia de un caudillo
empresarial, ha convertido la Alianza en una plataforma de negocios para el
complejo industrial-militar norteamericano. Las exigencias de que los países
miembros destinen hasta un 5 % de su PIB al gasto militar no se basan en una
evaluación objetiva de amenazas externas, sino en la necesidad de asegurar
contratos multimillonarios a empresas armamentísticas estadounidenses.
Estas demandas implican un trasvase masivo de recursos desde los presupuestos
públicos europeos hacia las industrias de defensa norteamericanas. En países
como España, esta presión se traduce en recortes a servicios esenciales —
sanidad, educación, pensiones— mientras se multiplican los contratos para
adquirir cazas, misiles y sistemas de vigilancia producidos por Lockheed Martin,
Raytheon o Boeing. El pretexto de la seguridad se convierte así en una coartada
para el debilitamiento progresivo del Estado del bienestar.
Pero el problema no es solo económico. La subordinación política es aún más
preocupante. Bajo el liderazgo actual de Trump, Estados Unidos ha profundizado
una visión unilateral del orden internacional, desafiando organismos multi-
laterales, cuestionando tratados de desarme, imponiendo sanciones económicas
arbitrarias y lanzando amenazas militares contra países del Sur global. Europa,
lejos de oponerse, ha seguido este guion con obediencia casi automática,
alineando su política exterior con una lógica de confrontación, cuando debería
promover una diplomacia de paz y justicia internacional.
Trump ha ido incluso más allá en su ambición de restaurar una versión del
imperialismo del siglo XIX en pleno siglo XXI. Durante su primer mandato ya había
sugerido la anexión de Groenlandia o la militarización del Canal de Panamá; en su
segundo mandato, ha retomado estas ideas con mayor agresividad, reivindicando
la necesidad de "reconquistar" espacios estratégicos y multiplicando la presencia
militar en América Latina, el Ártico y el Pacífico. Estas iniciativas, aunque puedan
parecer excéntricas, responden a una lógica imperial clara: controlar recursos,
rutas comerciales y territorios clave para la dominación global.
Simultáneamente, su política interior refuerza esta visión. Su administración
continúa aplicando una política migratoria que criminaliza a trabajadores
migrantes, promueve su encarcelamiento masivo y dificulta el acceso a derechos
básicos. En lo fiscal, mantiene beneficios para las grandes corporaciones,
promoviendo exenciones fiscales y suprimiendo regulaciones ambientales o
laborales. En lo internacional, ha recortado drásticamente los fondos destinados a
la cooperación y a la ayuda humanitaria, debilitando los mecanismos
multilaterales de solidaridad y haciendo retroceder décadas de trabajo en
derechos humanos y desarrollo global.
En este contexto, resulta cada vez más evidente que el objetivo de Estados Unidos
—y por extensión, de la OTAN bajo su control— no es la defensa colectiva, sino el
afianzamiento de un modelo económico basado en la guerra, el saqueo de
recursos y la subordinación política. Los países miembros actúan como
contribuyentes forzosos de una maquinaria que no controla, cuyas decisiones no
obedecen a criterios democráticos, sino a intereses corporativos.
En el caso español, esta situación es especialmente grave. La pertenencia a la
OTAN ha implicado compromisos que afectan directamente a nuestra soberanía:
participación en conflictos ajenos, presencia de bases militares extranjeras,
dependencia tecnológica y doctrinal en materia de defensa, y crecientes presiones
para elevar el gasto militar en detrimento de políticas sociales. Lejos de reportar
beneficios estratégicos, nuestra vinculación con esta estructura ha limitado
nuestra capacidad para definir una política exterior independiente y ha
contribuido a reforzar una lógica bélica incompatible con los valores de paz y
justicia social.
A ello se suma la estrategia de crear enemigos imaginarios. Se construye
mediáticamente una amenaza exterior —ya sea Rusia, China, Irán o migrantes del
Sur global— como justificación para el rearme. Pero el verdadero enemigo del
bienestar social y de la paz no está fuera, sino en las imposiciones económicas,
militares y políticas que provienen de la potencia hegemónica. Lo que se presenta
como seguridad, en realidad genera inseguridad: desestabiliza regiones enteras,
alimenta conflictos y desplaza recursos que deberían destinarse a resolver los
problemas reales de la ciudadanía.
Frente a esta situación, no cabe el silencio ni la resignación. Es urgente que la
ciudadanía se organice y alce la voz ante una dinámica que amenaza nuestra
soberanía, calidad de vida y los pilares democráticos. España debe recuperar el
espíritu crítico que movilizó a millones contra la entrada en la OTAN y la guerra de
Irak, y apostar por una política exterior coherente con los principios de no
intervención, cooperación y defensa de los derechos humanos.
Solo una política exterior verdaderamente soberana e independiente puede
contrarrestar el militarismo impuesto y la lógica de bloques. Esto implica
replantear la permanencia en la OTAN, desvincularse de intervenciones
encubiertas como misiones humanitarias y redefinir las prioridades en función del
interés de la mayoría social. La soberanía no puede ser un lema vacío, sino una
condición esencial para construir un país más justo, libre y en paz.
Ante una nueva espiral global de confrontación, España debe romper el silencio,
cuestionar lo impuesto y comprometerse con una política exterior centrada en la
paz, la justicia social y la solidaridad internacional. Esto requiere una cooperación
activa con los pueblos del Sur Global y un esfuerzo decidido por abordar las
causas estructurales de la violencia, la pobreza, el saqueo económico, el cambio
climático, las guerras por recursos y las migraciones forzadas.
Solo una acción internacional guiada por los derechos humanos y alejada de los
intereses de las potencias militares y económicas podrá frenar la proliferación de
conflictos y contener el avance del autoritarismo y el fascismo. El futuro no puede
seguir en manos de una élite que decide sin consultar, se enriquece sin rendir
cuentas y destruye sin reparar.
La pobreza laboral se estanca en España a pesar del crecimiento de la economía
de un 3,4% en 2024 y de la creación de más de 400.000 empleos. El año pasado
la tasa de pobreza laboral se mantuvo en el 11,6%, según cálculos de Oxfam
Intermón. Este dato es 5 puntos superior a la media de la Unión Europea y sitúa
a España como el tercer país con mayor pobreza laboral de la UE.
“En los últimos años se han logrado grandes avances con la reforma laboral y las
subidas del salario mínimo interprofesional, pero sigue habiendo millones de
personas trabajadoras en pobreza laboral con las que se tiene aún una deuda
pendiente”, explica Alejandro García-Gil, responsable de protección social y
empleo de Oxfam Intermón...
...Uno de los principales factores de discriminación en el empleo es el del origen
de las personas trabajadoras. Casi el 30% de las personas extracomunitarias sufre
pobreza laboral, tres veces más que las personas nacidas en España. El nivel
educativo es otro de los factores explicativos: la pobreza laboral es del 19,2%
entre las personas trabajadoras que tienen educación primaria, y baja al 5,7%
entre quienes tienen educación superior.
Por tipo de empleo, el más penalizado es el de las personas autónomas (una de
cada cuatro sufre pobreza laboral, en comparación con una de cada diez personas
asalariadas) y el de las personas que trabajan a tiempo parcial, cuya tasa de
pobreza laboral duplica a la de aquellas que trabajan a jornada completa (21,3 %
y 10,6 % respectivamente).
Por último, la composición del hogar también determina el nivel de precariedad.
La tasa de pobreza laboral se dispara cuando hay menores de edad, sobre todo si
se trata de hogares monomarentales (30%) o de familias numerosas (36,4%).
Oxfam Intermón exige medidas para reducir estas altas tasas de pobreza laboral:
Adoptar la Directiva europea que protege a las personas con contrato a tiempo
parcial. Se trata de una normativa que busca, entre otros aspectos, que el contrato
sea por defecto a tiempo completo, debiéndose justificar la parcialidad, y que las
horas extra recurrentes se consoliden en el contrato como horas habituales. La
transposición de esta norma lleva un año pendiente en el Congreso de los
Diputados, haciendo de España el único país de la UE que aún no la ha
implementado. Todos los partidos deben implicarse para sacarla adelante lo
antes posible.
Aprobar por ley que las subidas del SMI se lleven a cabo de forma automática
anualmente y que la administración tenga salarios de referencia a la hora de
hacer contrataciones de servicios. Esta actualización permanente del SMI es, de
hecho, un compromiso del acuerdo de Gobierno de 2023.
Crear una prestación universal a la infancia con el objetivo de atajar la pobreza
laboral asociada a la presencia de menores en el hogar.
Desproporción con los ingresos de los directores ejecutivos
En 2024, el incremento salarial real en España fue de apenas el 0,6%. En
cambio, los directores ejecutivos de las 10 mayores empresas españolas por nivel
de ingresos ganaron un promedio de 7,7 millones de euros en 2024, un 11% más
que el año anterior y un 55% más que en 2020.
A nivel internacional, el análisis de Oxfam Intermón revela que la remuneración
promedio de los directores ejecutivos de las grandes empresas alcanzó los 4,3
millones de dólares en 2024. Se trata de un aumento del 50% en términos reales
frente a los 2,9 millones de dólares (ajustado por inflación) en 2019. Este
incremento supera con creces el aumento de los salarios promedio reales de las
personas trabajadoras, que ha sido de 0,9% durante este mismo período (en los
países con datos disponibles sobre la remuneración de los directores ejecutivos).
“Aunque a muchas personas nos lo parezca”, dice Alejandro García-Gil, “no se
trata de un fallo del sistema, que cumple como un reloj con los intereses para los
que fue diseñado: canalizar la riqueza hacia los que más tienen”.
V
ivi
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os en un tie
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po donde se repite sin cesar que la propiedad privada es la base de
la libertad, la prosperidad y el orden social. Se dice que defenderla sin restricciones
es defender el progreso. Pero este discurso, que suena bien en titulares, esconde
una gran contradicción: ¿de qué sirve defender la propiedad como un derecho
absoluto si miles de personas no tienen siquiera acceso a un techo digno?
El ejemplo más claro lo tenemos en Madrid. En la Cañada Real, cientos de familias
han vivido durante años en condiciones de abandono, sin acceso garantizado a
servicios básicos como la electricidad. Muchos de sus habitantes han sido
ignorados o criminalizados, mientras el conflicto sobre la titularidad del suelo —
entre comunidades autónomas, ayuntamientos y propietarios privados— se alarga
indefinidamente. Se habla mucho del “derecho a la propiedad”, pero ¿y el derecho
a vivir con dignidad?
Este no es un caso aislado. Es un reflejo de cómo, en España y en otras muchas
partes del mundo, se ha confundido la defensa de la propiedad privada con la
defensa de los intereses de quienes más tienen. Cuando se convierte en tabú hablar
de redistribución, cuando se demonizan los impuestos sobre la riqueza o los
patrimonios, lo que se está protegiendo no es la libertad, sino un orden profunda-
mente desigual.
Frente a eso, el Estado tiene una función irrenunciable: garantizar derechos para
todos, y no solo privilegios para unos pocos. Hay cosas que los individuos no
pueden resolver solos. La vivienda, la educación, la salud, la movilidad o la energía
no pueden quedar al capricho del mercado o la caridad. Sólo una acción pública
firme, con políticas redistributivas y regulaciones efectivas, puede corregir
desigualdades estructurales.
Y no se trata de teoría. Basta ver la evolución de los precios del alquiler en
ciudades como Barcelona o Madrid, donde muchos barrios se han convertido en
objeto de especulación por parte de fondos de inversión y grandes propietarios.
Mientras tanto, miles de personas no encuentran una vivienda asequible. La
propiedad no puede ser solo un instrumento de rentabilidad. También debe cumplir
una función social.
Pero cada vez que se plantea alguna medida para corregir estos desequilibrios —
como limitar subidas abusivas del alquiler, imponer impuestos a grandes tenedores
o recuperar viviendas vacías para el parque público— aparecen los mismos
argumentos: que se está atacando la libertad, que se genera inseguridad jurídica,
que se pone en riesgo la economía. ¿Y la inseguridad real de quien no puede pagar
una casa? ¿Y la economía de quienes no llegan a fin de mes?
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ercado falla
,
corrigiendo
los excesos del capital y protegiendo a quienes no tienen voz en los grandes titulares.
La propiedad privada puede ser un derecho legítimo, pero no puede estar por
encima del derecho a una vida digna. No puede servir para excluir, para especular o
para blindar herencias de privilegio mientras se niegan oportunidades a la mayoría.
No puede ser la excusa para no actuar.
Defender la igualdad no es ir contra nadie, es ir a favor de todos. Es asegurar que
una democracia no sea sólo una fachada, sino una realidad compartida. Y eso exige
voluntad política, justicia fiscal y valentía para romper con los discursos que
disfrazan el privilegio de libertad. Porque sin igualdad, la propiedad no es libertad,
sino dominio. Y sin un Estado que lo impida, ese dominio se convierte en ley.
El llamado “proceso sinodal”, promovido por la Iglesia católica y recientemente
aplazado hasta el año 2028, ha generado en algunas personas la esperanza de una
renovación profunda. Sin embargo, si analizamos con realismo la estructura
interna de la Iglesia
—
es decir, su jerarquía
—
veremos que existen obstáculos
profundos que hacen prácticamente imposible una reforma auténtica.
La Iglesia institucional no funciona como una simple comunidad de creyentes.
Está organizada co
m
o una estructura jerárquica y centralizada, donde el poder
reside en el clero. Este clero, desde hace siglos, se ha atribuido el derecho de
decidir qué se debe creer, cómo se debe organizar la vida de fe y quién puede
hablar en nombre de Dios.
Esa forma de funcionar hace muy difícil cualquier cambio verdadero. ¿Cómo
transformar una estructura que no está dispuesta a cuestionar su propia autoridad
y modo de operar?
En los Evangelios, Jesús de Nazaret reúne a personas comunes para invitarlas a
vivir un proyecto de vida basado en la justicia, la solidaridad, el servicio a los
pobres y la transformación del mundo: eso es lo que Él llama el “Reino de Dios”.
Pero en la Iglesia actual, ese mensaje ha quedado muy lejos de su práctica diaria.
En lugar de trabajar por ese Reino en la tierra, la institución ha centrado su vida
en el dogma (lo que se debe creer), la jerarquía (quién manda) y el culto (rituales
y liturgias muchas veces vacíos de sentido).
Este año 2025 se cumplen 1700 años del Concilio de Nicea, un momento clave en
la historia de la Iglesia. Fue allí donde, en alianza con el poder político del
Imperio romano, la jerarquía empezó a definir de forma autoritaria lo que la gente
debía creer. Así nació el dogmatismo, una de las características más proble-
máticas de la Iglesia: la imposición de verdades cerradas y absolutas, sin espacio
para el diálogo o la búsqueda compartida de la verdad.
Con el tiempo, el culto
—
es decir, las misas, los ritos, las oraciones formales
—
se
convirtió en el centro de la vida eclesial. El problema no es que exista un culto,
sino que éste ha terminado reemplazando el verdadero llamado de Jesús:
comprometerse activamente con un mundo más justo. Hoy, muchos creyentes
creen que basta con “cumplir” asistiendo a misa, sin preocuparse por el
sufrimiento del prójimo o la transformación social.
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etrás de todo esto está lo que se lla
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—
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—
en un estado de dependencia y falta de for
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ación.
De hecho, la Iglesia ha mantenido durante siglos una política que limita el acceso
de los fieles al conocimiento: prohibiciones de leer la Biblia, persecuciones de
ideas diferentes (como en la Inquisición) y poca promoción del estudio teológico
entre los laicos. Cuanto más ignorante es un pueblo, más fácil es que acepte sin
cuestionar lo que le dicen desde el púlpito.
Una muestra clara de esta deformación se da en fenómenos como el culto a ciertas
imágenes religiosas. Recientemente, en una región de España, se ha desatado una
intensa discusión por una restauración a la imagen de la Virgen de la Macarena.
Personas apasionadas discuten sobre el color de sus ojos o el tamaño de sus
pestañas, como si eso tuviera alguna importancia espiritual o doctrinal.
Lo curioso
—
y preocupante
—
es que esas mismas personas suelen desconocer por
completo lo que Jesús enseñó realmente. En los Evangelios (Mateo 12, 46-50;
Lucas 8, 19-21; Marcos 3, 31-35), Jesús no da importancia especial a su madre
biológica, sino que afirma que su verdadera familia son quienes cumplen la
voluntad de Dios. Sin embargo, la institución ha fomentado este tipo de
devociones superficiales, porque desvían la atención del mensaje radical de Jesús.
Aquí está la gran contradicción del proceso sinodal: quienes deben liderar el
cambio (la jerarquía eclesial) son justamente quienes más se benefician del
sistema actual. Es como encargarle al lobo el cuidado del rebaño.
Así, aunque se celebren reuniones, sínodos y debates, es muy poco probable que
algo cambie de fondo. Las reformas cosméticas pueden servir para dar una
imagen de apertura, pero si no se tocan las raíces del problema
—
el poder abso-
luto del clero, el culto vacío, la ignorancia teológica
—
nada será diferente.
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i hay esperanza
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no está en la cúpula clerical
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sino en las bases
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unidades de cre
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yentes que se tomen en serio el Evangelio, que lean, que cuestionen, que estudien
y que se comprometan con el mundo real, no con una religiosidad de escaparate.
Reformar la Iglesia no es cambiar sus leyes internas o su lenguaje. Es recuperar la
esencia del mensaje de Jesús: el amor, la justicia, la igualdad y la acción
transformadora. Pero eso sólo será posible si los creyentes dejan de esperar que el
cambio venga de arriba y se deciden a caminar desde abajo.
Aún hoy se sigue enseñando que Jesús vino al mundo para salvarnos, para redimir a la
humanidad de sus pecados, comenzando por el llamado “pecado original” con el que,
según esa doctrina de inspiración
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arcada
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ente
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aniquea
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ya nacemos
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anchados
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esta visión, Jesús habría tenido que pagar con su muerte esa redención. No es extraño,
entonces, que muchas personas, al descubrir la insensatez o la crudeza de este
planteamiento, acaben alejándose de una Iglesia que promueve semejante enseñanza.
Sin embargo, al acercarnos directamente al Evangelio, descubrimos un mensaje
distinto. Jesús se dirigía y se refería constantemente a Dios como “Padre”, una figura
que remite al amor, la cercanía y la compasión. Y un padre verdadero no condena a
sus hijos a castigos eternos, ni exige sacrificios sangrientos como condición para
otorgar perdón. La misión que Jesús asume —y a la que invita a sus seguidores— no
es la de fundar un culto expiatorio, sino la de transformar radicalmente este mundo.
Su anuncio del Reino de Dios no apunta a un más allá espiritualizado, sino a una
realidad presente: “venga a nosotros tu Reino”, “hágase tu voluntad en la Tierra
como en el Cielo”.
Tomar la cruz y seguirle no significa resignarse al sufrimiento ni ofrecerlo como pago
por los pecados, sino comprometerse activamente con esa misión transformadora y
liberadora. Jesús vino a salvar a la humanidad de sí misma, del daño que los seres
humanos nos causamos unos a otros, y a enseñarnos una nueva forma de
relacionarnos desde el amor, la fraternidad y el perdón mutuo: “perdona nuestras
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”.
El Sermón de la Montaña, en ese sentido, es el núcleo ético de su propuesta: una
conducta humana que rechaza toda forma de violencia, de dominación, de exclusión o
elitismo. Su cumplimiento supondría la superación de todas las guerras, injusticias y
conflictos que dividen a la humanidad.
Ahora bien, la teología que se fue construyendo a lo largo de siglos, en contextos
culturales y políticos muy distintos, no es inocente. A partir de ella se erigió un
modelo religioso centrado en el culto, los ritos y la mediación clerical. Esta estructura
dio lugar a un tipo específico de creyente: personas preocupadas sobre todo por su
“santificación personal”, por cumplir preceptos religiosos, asistir con frecuencia a
misas y procesiones, confesarse, comulgar, rezar, ayunar, y en algunos casos, buscar
la guía de un director espiritual. Sin embargo, ese tipo de religiosidad, tan centrada en
lo individual y en lo ritual, suele vivir de espaldas a la realidad humana. En el mejor
de los casos, puede incluir limosnas ocasionales o participación en obras de caridad
—como las que organiza CÁRITAS—, pero rara vez se cuestiona ni se enfrenta a las
estructuras sociales que generan la pobreza, la marginación o la desigualdad.
Jesús no vino a instaurar ese tipo de religiosidad vacía. Esa forma de búsqueda
espiritual habría resultado muy conveniente para el joven del que habla el Evangelio,
quien no se atrevió a seguir a Jesús debido a lo que implicaba respecto a la riqueza. El
verdadero seguimiento del Maestro exige un compromiso radical de confrontación y
rechazo frente a los valores que sostienen esta sociedad basada en el mercado y la
propiedad privada. Los sacramentos del bautismo y la eucaristía, instituidos por Jesús,
tienen una clara intención de denuncia y oposición a la desigualdad inherente al
sistema clasista dominante. Sin embargo, esa dimensión transformadora del llamado
de Jesús está siendo ignorada bajo la ritualización impuesta por la liturgia clerical.
Tal modelo de religiosidad cultual requiere, además, un personal especializado que la
administre: una jerarquía clerical encargada de organizar y presidir las celebraciones,
de consagrar, perdonar, predicar y otorgar los sacramentos. Esta clase sacerdotal
disfruta de un estatus superior dentro de la comunidad, asume roles prominentes en
los actos litúrgicos, y encuentra en la estructura eclesial una vía para su promoción y
ascenso. Es significativo que muchos de sus privilegios giren en torno al
mantenimiento de templos, santuarios y ritos.
No fue eso lo que Jesús quiso instaurar. En su tiempo, ya existía un sistema religioso
dirigido por un estamento sacerdotal, y su relación con él fue crítica, cuando no
abiertamente conflictiva. A esos dirigentes religiosos los llamó “ciegos que guían a
otros ciegos”. No buscaba Jesús perpetuar ese esquema, sino superarlo. Los
seguidores de Jesús, según el espíritu del Evangelio, se sienten convocados a cambiar
radicalmente el mundo. Les resulta inaceptable que persistan las desigualdades y
opresiones que dividen a hombres y mujeres, a ricos y pobres, a pueblos enteros. Su
organización comunitaria no gira en torno al culto ni a la liturgia, sino a la acción
transformadora y liberadora.
Por eso, la reunión de la comunidad de seguidores de Jesús no debería tener un
carácter ritualista, sino vivencial y participativo. La lectura del Evangelio y la
celebración de la eucaristía deben rescatarse del marco litúrgico formal en el que
fueron encapsuladas, para recuperar su sentido original: concienciar a las personas
sobre la misión liberadora que Jesús les encomienda.
No necesitamos lamentarnos por el declive de ciertas formas alienantes de
religiosidad. Lo que debe inspirarnos es la esperanza de poder caminar hacia una
forma de seguir a Jesús más fiel a su mensaje: una fe viva, comprometida con la
justicia, el amor y la dignidad de todos los seres humanos.
