Agosto de 2025. El mundo atraviesa una etapa convulsa que interpela profundamente a
quienes se sienten llamados por el mensaje de Jesús de Nazaret. Las guerras en Ucrania y
Gaza siguen causando miles de muertes y desplazamientos. En Ucrania, tras más de 1.250
días de conflicto, el presidente estadounidense Donald Trump ha lanzado un ultimátum a
Rusia para que ponga fin a la guerra en menos de dos semanas. En Gaza, la ofensiva israelí
ha dejado más de 58.000 muertos, y la ONU denuncia una hambruna que ya ha cobrado la
vida de más de 150 personas.
A esto se suma una ofensiva económica global liderada por Trump, que ha impuesto
aranceles de hasta el 41% a decenas de países. Esta política proteccionista ha des-
estabilizado el comercio internacional y amenaza con fragmentar el orden económico
mundial. Europa, por ejemplo, enfrenta una caída del crecimiento y una deuda pública que
supera el 130% del PIB.
En el plano social, el capitalismo muestra su rostro más agresivo. En España, el problema
de la vivienda se ha convertido en una crisis estructural. Los precios de alquiler han subido
hasta un 80% en la última década, y el acceso a la propiedad se ha vuelto casi imposible
para jóvenes y familias vulnerables. La sanidad pública y el sistema de pensiones también
están bajo presión, mientras la extrema derecha gana terreno político en varios países,
incluido el nuestro.
La migración masiva, forzada por la pobreza, la guerra y el cambio climático, ha inten-
sificado el racismo y la xenofobia. Aunque los datos desmienten la relación entre migración
y delincuencia, los delitos de odio por motivos racistas han aumentado un 41,8% en
España. El nuevo Reglamento de Extranjería busca regularizar a cerca de 900.000 personas,
pero la inclusión sigue siendo un reto.
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incumplen sus compromisos climáticos podrían enfrentar consecuencias legales.
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ado de Jesús en un mundo que parece alejarse cada vez más del Reino que él anunciaba?
La respuesta no es fácil, pero sí urgente. El cristiano está llamado a ser sal y luz, no desde
la comodidad del culto, sino desde el compromiso con la justicia, la paz y la dignidad
humana. La Iglesia, como Asamblea de seguidores de Jesús, debe recuperar su vocación
profética. No basta con rezar: hay que actuar. Defender a los migrantes, denunciar la
injusticia económica, cuidar la creación, resistir al odio y construir comunidad.
Jesús no se refugió en el templo, sino que caminó con los pobres, sanó a los excluidos y
confrontó a los poderosos. Hoy, sus seguidores están llamados a hacer lo mismo. En
palabras del Papa León XIV, “con Cristo es posible” construir un mundo de fraternidad y
diálogo. Pero ese mundo no se construye solo: necesita manos, corazones y voces que se
atrevan a decir “sí” al Evangelio en medio del caos.
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- 8 de agosto de 2025
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Por problemas cardiacos he pasado dos semanas ingresado en el hospital
Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes. Aunque todo es mejorable, creo
haber recibido la atención adecuada hasta que el equipo médico me dio el alta.
Me despedí amablemente y volví a casa. Nadie me pidió ni un céntimo.
Muchas veces he pensado qué habría pasado si eso me ocurre en EE.UU. Allí
no hay una sanidad pública como la española. Probablemente eso me hubiera
supuesto la ruina. A no ser que hubiera estado pagando un seguro carísimo, y
a ver si realmente me cubría todos los posibles gastos
Naturalmente un gobierno neoliberal –como es el de la Comunidad de
Madrid—hará todo lo posible para ir privatizando poco a poco todos los
servicios sanitarios que pueda, hasta convertir la sanidad en un negocio más.
Es nuestra tarea defender a capa y espada la Sanidad Pública. Es mucho lo que
nos jugamos.
COMENTARIO
El breve pero contundente testimonio de Antonio Zugasti pone en evidencia
uno de los grandes frentes de la lucha de clases en la actualidad: la defensa de
los servicios públicos frente a la ofensiva privatizadora impulsada por las
élites económicas. La anécdota personal que relata –un ingreso hospitalario en
un centro público sin coste alguno– contrasta de forma radical con lo que
habría ocurrido en un sistema sanitario como el estadounidense, donde la
salud es tratada como una mercancía y no como un derecho. Esta comparación
resume, de forma elocuente, una lucha estructural: la del interés general frente
a la lógica del beneficio.
Lo que está en juego no es solo la calidad o el acceso a los servicios sanitarios,
sino el modelo mismo de sociedad que queremos. Durante la segunda mitad
del siglo XX, en un contexto internacional marcado por la existencia de una
alternativa socialista fuerte y expansiva, los estados capitalistas se vieron
obligados a ofrecer a sus poblaciones ciertos niveles de bienestar y protección
social. Esa “paz social” fue una concesión táctica, destinada a evitar que las
clases trabajadoras se sintieran atraídas por el ejemplo del bloque soviético y
otras experiencias socialistas. La sanidad pública, la educación gratuita, las
pensiones dignas y el acceso a la vivienda no surgieron del altruismo de las
élites, sino de una correlación de fuerzas que las obligaba a ceder terreno.
Sin embargo, con la caída de los principales referentes del socialismo real, esa
presión disminuyó radicalmente. Desde entonces, asistimos a una ofensiva
sistemática del capital para desmontar esas conquistas sociales. Lo que antes
era considerado un derecho, hoy se redefine como un privilegio al alcance de
quien pueda pagarlo. La sanidad, la educación o la vivienda son cada vez más
tratadas como nichos de negocio. Los gobiernos de orientación neoliberal,
como el de la Comunidad de Madrid, desempeñan un papel clave en esta
estrategia: promueven la externalización de servicios, favorecen a empresas
privadas con fondos públicos y socavan la calidad de lo público para justificar
su progresiva desaparición.
Lo más preocupante es que amplias capas de la población que sufren
directamente las consecuencias de esta deriva neoliberal no siempre reconocen
el proceso en marcha. La hegemonía cultural de la derecha, amplificada por
los grandes medios de comunicación, logra que muchas personas voten en
contra de sus propios intereses de clase. La ignorancia inducida y la
desinformación se convierten en herramientas fundamentales del sistema para
perpetuar la dominación.
En este contexto, la tarea de concienciación es urgente. No basta con defender
lo público de forma reactiva: hay que articular un discurso claro que
desenmascare la propaganda reaccionaria, racista y xenófoba que pretende
desviar la atención de los verdaderos responsables del malestar social. La
lucha por la sanidad pública es solo una parte del combate más amplio por una
sociedad justa, solidaria y verdaderamente democrática, donde el bienestar
colectivo prime sobre los intereses del capital.
La degradación progresiva de la sanidad pública en España no es un fenómeno fortuito ni
resultado exclusivo de errores de gestión. Responde a una estrategia deliberada promovida
por las políticas neoliberales, orientada a vaciar de contenido los derechos sociales para
transformarlos en negocios privados. Esta lógica, que prioriza el beneficio económico sobre el
interés general, ha impregnado las políticas públicas desde hace décadas y afecta
directamente a la salud, uno de los pilares fundamentales del Estado social.
El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) reconoce el
derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado que le asegure [...] la asistencia médica
y los servicios sociales necesarios”.
La Constitución Española de 1978, en su artículo 43, establece que “se reconoce el derecho a
la protección de la salud” y que “compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”.
Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000), en su artículo
35, proclama el derecho de toda persona “a acceder a la prevención sanitaria y a beneficiarse
de la atención médica” dentro del respeto a las leyes nacionales.
Finalmente, la OMS establece como función esencial de los Estados garantizar el acceso
equitativo a servicios sanitarios de calidad.
Todos estos marcos jurídicos consolidan la salud como un derecho humano universal, cuya
garantía corresponde directamente al poder público, no al mercado.
Desde la década de 1990, el auge del neoliberalismo ha promovido un modelo económico
donde la rentabilidad y la maximización de beneficios se anteponen a los derechos
ciudadanos. En este esquema, los servicios públicos —incluida la sanidad— son presentados
como costosos, ineficientes o insostenibles, justificando así su privatización o su gestión mixta.
Esta privatización, lejos de mejorar la eficiencia, ha buscado principalmente abrir nuevos
nichos de negocio para grandes corporaciones, fondos de inversión y aseguradoras. El caso
de la sanidad es paradigmático: hospitales de gestión privada con financiación pública,
externalización de servicios esenciales, y concesiones a grupos privados son prácticas cada
vez más extendidas.
Gobierno de José María Aznar (1996-2004): se impulsa el modelo de colaboración público-
privada, como el llamado “modelo Alzira” en la Comunidad Valenciana, y se favorece la
externalización de servicios.
Reforma Constitucional de 2011 (artículo 135): pactada por el PSOE y el PP, consagra la
prioridad absoluta del pago de la deuda pública sobre cualquier gasto social, debilitando la
financiación de servicios esenciales como la sanidad.
Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018): se aprueba el Real Decreto-Ley 16/2012, que
restringe el acceso a la sanidad para inmigrantes en situación irregular y reintroduce el copago
farmacéutico, medidas claramente regresivas.
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de gestión privada y concesiones hospitalarias, fragmentando y debilitando el sistema.
Los recortes y la privatización encubierta han generado efectos medibles: Según datos del
Ministerio de Sanidad (2023), más de 830.000 personas esperaban una intervención
quirúrgica, con un tiempo medio de espera de 128 días, la cifra más alta registrada.
La precariedad laboral en el sector sanitario ha aumentado: contratos temporales, sobrecarga
de trabajo y falta de recursos son ya una constante.
Las diferencias entre comunidades autónomas en acceso y calidad de la atención reflejan una
sanidad a dos velocidades, donde la riqueza del territorio condiciona el derecho a la salud.
La crisis sanitaria global evidenció los efectos de años de desinversión. España enfrentó la
pandemia del COVID-19 con plantillas recortadas, falta de medios y una capacidad
hospitalaria muy por debajo de la media europea. La sanidad privada, lejos de asumir un papel
activo, aprovechó la situación para aumentar sus beneficios gracias a derivaciones y contratos
extraordinarios, mientras el sector público soportaba el grueso del esfuerzo asistencial.
La ciudadanía debe de concienciarse sobre la gravedad de esta problemática para:
- Exigir la financiación adecuada del sistema sanitario público, con un incremento sostenido de
la inversión pública hasta situarse al nivel de los países de la UE-15 (actualmente España está
por debajo de la media europea).
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erogar las leyes y decretos que favorecen la privatización
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- Reforzar la gestión pública directa de los servicios sanitarios, evitando modelos de
colaboración público-privada que favorecen la opacidad y la corrupción.
- Recuperar y fortalecer la atención primaria, como pilar esencial de la sanidad pública y
garante de la equidad en el acceso a la salud.
- Promover la participación ciudadana y la transparencia, exigiendo auditorías públicas y
control democrático sobre las políticas sanitarias.
- Unificar criterios y sistemas de control entre las comunidades autónomas, para asegurar una
cobertura sanitaria igualitaria y sin fragmentación.
En conclusión, la sanidad pública en España no está en crisis por azar ni por ineficiencia, sino
por una ofensiva planificada de las políticas neoliberales que pretenden transformar un
derecho humano en un negocio. La defensa de la sanidad pública es, por tanto, un
compromiso esencial con la justicia social, la democracia y la dignidad humana. Solo una
ciudadanía consciente y movilizada puede revertir este proceso y garantizar que la salud deje
de ser un privilegio para volver a ser un derecho universal.
«Hay que deportar a más de ocho millones de inmigrantes, aunque muchos hayan
nacido aquí, vivan aquí o tengan hijos españoles para sustituir a la población
autóctona». (Vox)
Ante las palabras infames y profundamente deshumanizadoras que Vox ha vertido
contra los inmigrantes —incluyendo la amenaza de expulsar a más de 8 millones de
personas que viven, trabajan, estudian y han nacido en España—, los ciudadanos y
ciudadanas de este país no podemos ni debemos permanecer en silencio.
Decir que los inmigrantes vienen a vivir de ayudas, que colapsan servicios, que
amenazan nuestra identidad o seguridad, no solo es falso: es indecente.
La realidad —observable y medible— desmiente esta narrativa tóxica: los
inmigrantes trabajan en condiciones más duras, más precarias, y en sectores donde la
población autóctona ya no quiere o puede trabajar: en el campo, en la hostelería, en el
cuidado de mayores, en el transporte, en la limpieza, en la sanidad. Sostienen nuestro
sistema público con su esfuerzo y con sus cotizaciones.
Además, son ellos quienes están manteniendo viva la natalidad en un país envejecido
y estancado demográficamente. Son padres y madres que trabajan y crían, que aportan
a nuestras aulas, a nuestros barrios, a nuestro porvenir. Y aún con todo esto, siguen
siendo blanco de mentiras y odio.
Por otra parte, Vox también “exige” a la diócesis de Almería que retire su muy
interesante proyecto de dedicar su seminario, ahora cerrado, a acoger y apoyar
inmigrantes. Una iniciativa promovida por el Servicio Jesuita a Inmigrantes y que
comenzará a funcionar el próximo mes de septiembre, con el apoyo del obispado.
¿Dónde está la ética cristiana de quienes agitan estas ideas? El Evangelio, lejos de
sembrar miedo, exige hospitalidad: «Fui extranjero y me acogisteis» (Mateo 25,35).
El Papa Francisco ha sido claro: “Nadie es extranjero en la casa común”. Ha
condenado el racismo, el rechazo al migrante, y ha recordado que cada ser humano
tiene una dignidad inalienable.Desde la perspectiva del Derecho Internacional, la
protección de las personas migrantes no es un capricho: es una obligación. España ha
firmado convenios que protegen sus derechos, que condenan la discriminación, que
promueven la convivencia. Los derechos humanos no se negocian, no se votan, no se
subordinan a encuestas ni a cálculos electorales.
¿Dónde están los obispos españoles que, con tanto ardor, defendían a Vox? ¿Por qué
se callan? ¿Por qué no levantan su voz ante una clara ofensa a los más pobres y
vulnerables? ¿Por qué se tolera la mentira organizada, financiada con dinero público?
¿Tenemos que seguir subvencionando a quienes mienten, dividen, insultan y socavan
la democracia desde dentro? ¿Es que no hay límites, ni responsabilidad, ni decencia?
Deberían ser los obispos proféticamente valientes y alzar su voz para decir
públicamente a todo el mundo que personas que rechacen a los inmigrantes no son
cristianas, por mucho que quieran presumir de ello.
Exigimos a estos falsos políticos que se retracten. Que abandonen la manipulación
como estrategia política. Porque en este país no sobra ningún ser humano honesto,
trabajador y digno. Lo que sí sobra es el discurso del odio, el populismo que señala al
débil para proteger al poderoso, la ideología del miedo y del desprecio.
Si alguien sobra en este país, es Vox y su filosofía de exclusión. Sobra su desprecio a
los valores constitucionales, a la convivencia, a la verdad.
Este no es solo un clamor político: es un deber moral. La España que queremos no
levanta muros ni propaga mentiras. La España que somos abraza, convive, defiende la
justicia. No callaremos. Porque la dignidad humana está por encima de cualquier
frontera o bandera. Y porque lo que está en juego no es solo el presente de los
inmigrantes, sino el alma de nuestro país.
Desde Redes Cristianas gritamos: ¡Basta ya de odio! ¡Sí a la verdad, a la justicia
y a la fraternidad!
Hace apenas unos días denunciábamos públicamente las declaraciones del
partido VOX, que con total impunidad expresaba su intención de expulsar a
ocho millones de inmigrantes. Aquellas palabras no eran solo retórica política:
eran una amenaza abierta a la convivencia, a la legalidad y, sobre todo, a la
dignidad humana.
Hoy, con profundo dolor y rabia, tenemos que denunciar no ya palabras, sino
hechos. Los hechos ocurridos en Torre Pacheco no son un accidente, ni un
incidente aislado. Son el resultado de un caldo de cultivo que se ha venido
cocinando con discursos de odio, mentiras interesadas y políticas que
deshumanizan.
Lo que ha pasado en Torre Pacheco ocurre dentro de un contexto internacional
marcado por el auge de la xenofobia, el repliegue identitario, la criminalización
del pobre y del migrante. Y lo más grave: ocurre mientras las instituciones
públicas miran hacia otro lado o actúan con tibieza. ¿Dónde están las medidas
reales para frenar los discursos que incitan al odio? ¿Dónde está la
responsabilidad de los gobiernos, de las autoridades, de la justicia?
A la vez que condenamos la violencia ejercida contra un vecino de Torre
Pacheco, denunciamos también el papel que algunos medios de comunicación
juegan en esta crisis: generan bulos, los propagan, los adornan con falsa
objetividad. No informan: deforman. Alimentan el miedo, la desconfianza, la
división. Y lo hacen con un claro sesgo político y económico.
No podemos callar. La sociedad civil debe alzar la voz con firmeza: ¡basta ya!
Gritamos en favor de la persona humana, sin importar su color de piel, su
nacionalidad, su religión o su estatus legal. La vida humana no puede tener
categorías. La dignidad no se negocia.
Exigimos que la Iglesia, y todas las religiones, se pronuncien sin ambigüedades.
No pueden ser cómplices pasivos del odio. No puede haber ningún texto
sagrado, ninguna tradición espiritual, que se use para justificar el racismo, el
desprecio, el abuso. Lo suyo es la defensa activa de la justicia, de la igualdad y
de la fraternidad.
Desde el Evangelio, desde la fe que proclama al Dios de la vida, decimos
claramente: no hay amor posible sin justicia. No hay justicia si no se reconocen
y protegen todos los rostros, especialmente los más vulnerables. Jesús no
expulsó más que a quienes mercadeaban con la religión: acogió, sanó, alimentó,
caminó con quienes eran marginados por el sistema.
Hoy, como entonces, decimos: la violencia no tiene justificación, el odio no
tiene cabida, el racismo no tiene perdón. Que nadie utilice la fe como escudo
para el desprecio. Que nadie use la ley para perseguir al inocente.
Este es el tiempo de actuar. La dignidad humana nos llama.
La reciente oleada de violencia en Torre Pacheco, una localidad agrícola de Murcia con
alta presencia de inmigrantes magrebíes, ha expuesto con crudeza las tensiones sociales
que se están gestando en Europa. Un episodio concreto, la agresión a un anciano
atribuida a jóvenes magrebíes, provocó una reacción desproporcionada y violenta.
Aunque el vídeo que se hizo viral no correspondía al hecho y fue desmentido por el
propio agredido, la versión inicial ya se había instalado en el ánimo colectivo,
alimentando una peligrosa cacería de inmigrantes.
Este tipo de situaciones no es exclusivo de España. En distintos países, las tensiones
sociales
,
sumadas a la crisis de los servicios públicos, han servido de caldo de cultivo
para movimientos ultraderechistas que responsabilizan a los inmigrantes de los
problemas sociales. En el Reino Unido, tras el referéndum del Brexit en 2016, los delitos
de odio contra extranjeros aumentaron un 41%, dirigidos principalmente contra
comunidades polacas, musulmanas y africanas. En los Países Bajos, partidos como el
PVV de Geert Wilders han promovido campañas que asocian a los inmigrantes
musulmanes con la delincuencia y el terrorismo, generando un clima hostil hacia las
comunidades extranjeras. En Irlanda, los disturbios de Dublín en 2023 tras un ataque con
arma blanca derivaron en actos violentos y saqueos con tintes xenófobos, alentados por
grupos extremistas que culpaban a los migrantes del deterioro de la seguridad. En Italia,
Matteo Salvini y la Liga Norte impulsaron políticas de cierre de puertos y discursos que
responsabilizaban a los migrantes africanos del desempleo y la inseguridad, mientras se
registraban agresiones racistas como el asesinato del senegalés Idy Diene en Florencia
en 2018. En Estados Unidos, la retórica antiinmigrante impulsada durante la
administración Trump se tradujo en un aumento de los ataques de odio, como el tiroteo
de El Paso en 2019, donde un supremacista blanco asesinó a 23 personas afirmando
querer detener la “invasión hispana”.
En todos estos países, la ultraderecha ha dirigido el descontento social hacia los inmi-
grantes, construyendo relatos que los culpan de problemas como el desempleo, la in-
seguridad o las dificultades para acceder a servicios básicos
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esta estrategia se ha
visto reforzada por un discurso político cada vez
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ás extremo y por
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edios que difunden
bulos sin contrastar los hechos. Así, se han ido normalizando propuestas contrarias a los
derechos humanos, como la “limpieza étnica”, que además de ser moralmente
inaceptables, ignoran la realidad: pese a contar con más de nueve millones de personas
extranjeras, España tiene una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa.
El relato de la “invasión” se sostiene sobre estadísticas manipuladas y la tergiversación
de los hechos. En este discurso, el inmigrante pobre es retratado como una amenaza,
mientras que el rico, cuya presencia suele traducirse en beneficios económicos,
permanece fuera del debate. Esta construcción política y mediática busca cohesionar a
sectores descontentos apelando al miedo y al odio, provocando respuestas irracionales
ante fenómenos migratorios que, lejos de ser perjudiciales, resultan esenciales para
sectores como la agricultura o los servicios.
La historia enseña que estas dinámicas ya condujeron hace un siglo al ascenso del
fascismo en Europa. Para no repetir los mismos errores, es esencial formar ciudadanos
críticos, informados y capaces de diferenciar entre hechos y manipulaciones, entre
soluciones reales y consignas destructivas. La educación en valores democráticos y en el
respeto a la diversidad cultural no es solo un asunto político: es un deber ético que nos
compromete a todos como sociedad.
A lo largo del tiempo, las élites han utilizado el miedo y los prejuicios para manipular a
las mayorías, recurriendo a estas estrategias en momentos de crisis para sembrar
división. Así ocurrió en la Alemania de entreguerras, cuando el nazismo canalizó la
frustración provocada por el desempleo, la inflación y la humillación tras la Primera
Guerra Mundial hacia las minorías, en especial el pueblo judío. Hoy, ciertos grupos
neofascistas replican el mismo esquema: en lugar de señalar las causas reales del
malestar social —como los bajos salarios, la dificultad para acceder a la vivienda, el
deterioro de los servicios públicos o el debilitamiento del Estado del bienestar— culpan
a los inmigrantes, provocando enfrentamientos entre los propios sectores desfavorecidos.
Esta táctica divide a los más vulnerables y desvía la atención de los verdaderos
responsables: las élites económicas y políticas a las que, en realidad, estos grupos
protegen. Su discurso, lejos de aportar soluciones, se basa en un nacionalismo
excluyente y una xenofobia que alimenta la desconfianza y el rechazo. No es una
reacción espontánea, sino una estrategia calculada para instaurar un sistema autoritario
que se sostiene en el miedo y la división.
E
n la era digital
,
este proyecto encuentra nuevos
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edios de difusión en las redes sociales,
que priorizan los mensajes virales y emocionales, favoreciendo la propagación de bulos.
Estas narrativas, consumidas sobre todo por jóvenes sin suficientes herramientas críticas,
minan los cimientos de la democracia y dificultan el acceso a una información veraz,
restando a la ciudadanía su capacidad para comprender y transformar su realidad. Como
en otros momentos históricos, el peligro no está solo en quienes promueven estos
discursos, sino también en quienes los toleran sin cuestionarlos. Siempre que se permite
que el odio se normalice, toda la sociedad acaba pagando el precio.
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reocupa la actitud de quienes dicen defender la
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uropa cristiana
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o pretexto va en
contra de la
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isión profética de la
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glesia. Defender la civilización cristiana no significa
levantar muros, sino vivir los valores de Jesús: misericordia, verdad y justicia social. El
Evangelio es una invitación universal a la fraternidad.
En los días actuales estamos presenciando guerras en muchos países,
especialmente en la Franja de Gaza donde se está produciendo uno de los
mayores genocidios de la historia presente, en la guerra en Ucrania en la cual
están muriendo especialmente muchos miles de jóvenes bajo el ataque
imparable de Rusia, y así en otros lugares, en particular en África.
Cómo no indignarse contra el genocidio de miles de niños inocentes que no
tienen nada que ver con la guerra que Israel lleva a cabo contra HAMAS,
alcanzando indiscriminadamente a toda la población de la Franja de Gaza con
el objetivo de exterminar especialmente a niños y jóvenes que en el futuro
podrían estar en contra del Estado de Israel.
La ética para ser plenamente humana necesita incorporar la compasión. Hay
mucho sufrimiento en la historia, demasiada sangre en nuestros caminos y una
soledad interminable de millones y millones de personas, que cargan solas en
su corazón la cruz de la injusticia, de la incomprensión y de la amargura. El
ethos que se compadece quiere incluir a todos ellos en el “ethos” planetario, es
decir, en la Casa Común en la cual hay acogida y las lágrimas pueden ser
lloradas sin vergüenza o enjugadas cariñosamente. La compasión es la ética
natural de los trabajadores de la salud, especialmente de aquellos que asumen
el servicio de los cuidados paliativos, que ahora se ha aprobado realizar a
través del Sistema Único de Salud (SUS). El movimiento nacional Premier
Cuidados Paliativos, promovido por el generoso Dr. Samir Salman de São
Paulo superintendente del Instituto Premier, involucra a cientos de médicos,
médicas y personal de enfermería que han asumido la práctica de los cuidados
paliativos.
Para Tomás de Aquino “la compasión es la más elevada de todas las virtudes
porque no solamente abre a una persona hacia otra, sino también porque la
abre hacia la más débil y más necesitada de ayuda. En este sentido constituye
una característica esencial de la Divinidad” (S.Theologica II.q.30 a.4 c).
Pero primero conviene hacer una depuración del lenguaje pues en la
comprensión común la compasión tiene connotaciones peyorativas. Tener
compasión significa apiadarse del otro, porque se le considera desamparado,
sin energía interior para erguirse. Supone la actitud de alguien que mira desde
arriba hacia abajo, humillándolo.
En el cristianismo de los orígenes sin embargo, compasión era sinónimo de
misericordia, esa actitud generosa que quiere compartir el padecimiento del
otro y no dejarlo solo en su dolor. Eso no es hacer “caridad”, criticada por el
poeta cantautor argentino Atahualpa Yupanqui: “desprecio la caridad por la
vergüenza que encierra; soy como el león de la sierra, vivo y muero en
soledad”. Por el contrario, los seres humanos por lo general suelen estar
acompañados al final de sus vidas por personas queridas que los rodean de
cuidados paliativos.
En el budismo la compasión se considera la virtud personal de Buda. Por eso
es central y se conecta con la pregunta que dio origen al budismo como
camino espiritual: “¿cuál es el mejor medio para liberarnos del sufrimiento?”
La respuesta de Buda fue: “por la compasión, por la compasión infinita”.
El Dalai Lama actualiza esa respuesta de esta forma: “ayuda los demás
siempre que puedas y si no puedes no los perjudiques, y ten siempre
compasión”.
Dos virtudes realizan la compasión: el desapego y el cuidado. Por el desapego
renunciamos a cualquier sentimiento de superioridad frente al otro y lo
respetamos así como es. Por el cuidado nos aproximamos de él y velamos por
su bienestar socorriéndolo en el sufrimiento.
La compasión tal vez sea la mayor contribución ética y espiritual que Oriente
ha dado a la cultura mundial. Lo que hace que el sufrimiento sea penoso no es
tanto el sufrimiento mismo sino el vivirlo en soledad. El budismo y también el
cristianismo convocan a establecer una comunión en el sufrimiento para que
nadie esté solo y desamparado en su dolor.
La gran vergüenza es constatar que los países europeos, de raíz cristiana,
creadores de los derechos humanos y de la idea de democracia, apoyan la
guerra genocida de Netanyahu contra HAMAS y el pueblo palestino.
Igual que el amor y el cuidado, la compasión tiene un campo de realización
ilimitado. No se restringe solo a los seres humanos, sino a todos los seres
vivos y al cosmos. El ideal budista y franciscano de compasión nos enseña
cómo relacionarnos adecuadamente con la comunidad de vida: primero
respetar a cada ser en su alteridad, después establecer un lazo de afecto con él,
cuidarlo y especialmente regenerar a aquellos seres que sufren o están en
peligro de extinción. Sólo entonces podemos beneficiarnos de sus dones, con
justa medida y con responsabilidad, de acuerdo con lo que necesitamos para
vivir de forma suficiente y decente.
Ante tantos padecimientos de la humanidad y agresiones sistemáticas a la
Madre Tierra la compasión es un imperativo humanístico y ético.
