trampa de pobreza”, constata Cáritas. “La vivienda es un derecho fake”, subrayó
el responsable del informe.
Pese a la mejora de los datos del empleo, FOESSA insiste en que “la precariedad
laboral se ha convertido en la nueva normalidad, afectando a casi la mitad
(47,5%) de la población activa”. Una situación que afecta a 11,5 millones de
personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral. De hecho, más de
un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja.
J
unto a estos dos factores
,
se su
m
an otros cuatro
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que ejercen co
m
o
m
ultiplicadores
de la desigualdad: la educación, el origen familiar, la salud y las relaciones
sociales. El dato es rotundo: si una persona no consigue completar estudios
superiores a la ESO, su riesgo de caer en exclusión severa se multiplica por 2,7.
El segundo factor es el familiar. Así, se constata que los hijos de personas con
bajo nivel educativo tienen más del doble de probabilidades de caer en
situaciones de pobreza que los de progenitores altamente formados. En lo
tocante a la salud, el informe FOESSA muestra cómo la desigualdad también se
mide en años de vida, con elementos como la malnutrición, las listas de espera o
el acceso a una sanidad pública de calidad. De este modo, el informe denuncia
que el 6% de las familias más vulnerables que tenían una enfermedad grave no
recibió atención médica el año pasado, el doble que en el conjunto de la
sociedad. La salud mental también se resiente.
Junto a ello, Cáritas observa una “herida más profunda”, la de la soledad, que
supone “una fractura aterradora” para las personas en exclusión, cuyo nivel de
aislamiento se ha quintuplicado, pasando del 3,2% en 2018 al 16,6% en 2024.
“El informe nos alerta sobre cómo nuestro ‘escudo comunitario’, se está
debilitando justo donde más se necesita. Donde se tejen vínculos, la exclusión se
vuelve reversible; donde se rompen, la dependencia se acelera. Reconstruir esos
lazos exige reconocer lo relacional como estratégico: las políticas deben medir y
fortalecer el capital social (familia, vecindad, asociaciones) con acciones
preventivas y comunitarias”, indicó Flores.
La brecha de género también tiene un hueco en la exclusión, que sigue
penalizando a los hogares encabezados por mujeres, Del total de hogares
excluidos graves, casi la mitad están encabezados por mujeres (el 42%, más de
15 puntos porcentuales desde 2007). 7 de cada diez personas en exclusión son
españolas, aunque los datos muestran “una brecha persistente y preocupante:
casi la mitad (47,4%) de la población de origen inmigrante está en exclusión,
una tasa que casi triplica la de la población autóctona (15,3%)”, sacude el
informe. “Es una evidencia que esta irregularidad está repuntando, agravada por
la lentitud de los trámites que deja a miles de personas en un limbo, el 62% de
quienes no tienen papeles afirma estar intentando regularizarse”, especialmente
entre la población africana. “Esta falta de una política pública de integración
ambiciosa y transversal desde el primer momento es una asignatura pendiente
que genera y perpetúa la exclusión”, destacó Raúl Flores.