Los incendios forestales se han convertido en una trágica y constante pesadilla
de los veranos europeos. La situación en 2025 ha alcanzado niveles alarmantes,
con cerca de una veintena de focos activos y más de 60.000 hectáreas calcinadas
sólo en España. El patrón se repite cada año: fuego, evacuaciones, miedo,
destrucción. Vidas humanas truncadas, patrimonio natural irremplazable
reducido a cenizas y comunidades enteras forzadas a ver cómo su entorno
desaparece sin remedio.
Aunque hay causas naturales, como el calentamiento global, en la gestación de esta
catástrofe, ésta también es el resultado directo de una política deliberada, de un
modelo económico y social que desmantela lo público en nombre de una
supuesta eficiencia privada. El neoliberalismo, una doctrina defendida con fervor
por los partidos de derecha, ha convertido la gestión del territorio, como tantos
otros ámbitos, en una víctima más de la austeridad presupuestaria y del dogma
del Estado mínimo. La presión política por rebajar impuestos, con las nefastas
consecuencias que ello comporta, procede de una oposición de derechas en la
que aumenta la pujanza de la extrema derecha, una fuerza que amplifica y
radicaliza las exigencias de un modelo económico que privilegia a una minoría
adinerada a costa del bienestar colectivo.
A esta presión interna se suma una nueva y peligrosa dimensión externa. Desde
Estados Unidos, la Administración de Donald Trump insiste en que los países
europeos, entre ellos España, aumenten considerablemente el gasto militar. Esta
exigencia no sólo desvía recursos cruciales que podrían ser destinados a
servicios esenciales y a la lucha contra el cambio climático, sino que también
refuerza la agenda de la derecha neoliberal y de la extre
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a derecha
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l au
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ento del
gasto en defensa es otro factor importante que postula aún más recortes en
sanidad, educación y, por supuesto, en la prevención y extinción de incendios.
Mientras, la realidad es tozuda. El cambio climático intensifica las olas de calor
y seca la vegetación, creando un terreno fértil para el fuego. Y décadas de
abandono del mundo rural han eliminado los cortafuegos naturales que antes
ofrecían los cultivos, los pastos y la actividad humana sostenida. El éxodo de la
población hacia las ciudades ha transformado campos abiertos en bosques
densos y descontrolados, auténticos barriles de pólvora vegetales. Y no por
casualidad, las zonas más devastadas por los incendios coinciden con las
regiones más despobladas, como el noroeste peninsular.
Frente a esta situación, la respuesta debería ser clara: más medios, más
inversión, más presencia pública. Pero los partidos que abrazan el neoliberalismo
no están interesados en reforzar lo público. Al contrario, su obsesión por reducir
impuestos a los más ricos y sus discursos manidos sobre la "libertad individual"
tienden a debilitar sistemáticamente la capacidad del Estado para prevenir,
gestionar y responder a catástrofes como esta. Esta política no es sólo
irresponsable: es criminal. Cada recorte presupuestario a los servicios públicos
tiene consecuencias concretas y devastadoras. La falta de personal y
equipamiento en los equipos de extinción, la ausencia de planes integrales de
prevención, la escasa formación de brigadas forestales, todo esto es el resultado
de decisiones políticas conscientes. No es una cuestión técnica, sino ideológica.
Los defensores del neoliberalismo presentan el desmantelamiento del Estado
como una modernización necesaria. Nos dicen que rebajar impuestos a los
millonarios generará inversión y prosperidad. Pero la realidad es que esa riqueza
prometida nunca llega a la mayoría. Lo que sí llega son hospitales colapsados,
con largas listas de espera para intervenciones necesarias, escuelas infra-
financiadas, alquileres imposibles de pagar, y bosques ardiendo sin control
mientras los servicios de emergencia hacen lo que pueden con medios precarios.
Los incendios forestales son, en este contexto, sólo una cara más de una tragedia
mayor: la del empobrecimiento deliberado de lo público en favor de intereses
privados, una tragedia que la extrema derecha busca acelerar. La misma lógica
que recorta en medios contra incendios es la que privatiza hospitales, convierte
la educación en un negocio y trata la vivienda como un activo financiero en vez
de como un derecho básico. El coste de un Estado ausente no es una abstracción
ideológica. Es humo que asfixia, es tierra quemada, son familias que lo pierden
todo. Es el precio de una política que privilegia a una minoría adinerada a costa
del bienestar colectivo, con el empuje de la derecha y la extrema derecha.
Lo que necesitamos es justo lo contrario: un Estado fuerte, bien financiado y
presente en todo el territorio. Un Estado capaz de planificar, intervenir, cuidar y
proteger. Un Estado que no se someta a los dictados del mercado, sino que
garantice la dignidad de sus ciudadanos y la sostenibilidad de sus territorios.
Porque, sin lo público, todo arde.
