Entre 2010 y 2014, el gobierno español presidido por Mariano Rajoy organizó, en colaboración con la agencia europea de control de fronteras, 31 vuelos conocidos como “vuelos macro” destinados a la expulsión de inmigrantes. Estas operaciones costaron más de 8 millones de euros. En total, durante ese período, España expulsó a casi 26.300 personas en más de 250 vuelos, la mayoría financiados por los Presupuestos Generales del Estado, y una parte menor (31 vuelos) con fondos de la Unión Europea.
Estos datos, aunque fríos, nos obligan a reflexionar sobre algo profundamente humano: la forma en que tratamos a quienes llegan a nuestro país buscando una vida mejor. En lugar de acoger o integrar, con frecuencia la respuesta ha sido el rechazo, la expulsión o, como vemos hoy, incluso propuestas más radicales.
En la actualidad, un partido de extrema derecha en España ha puesto sobre la mesa una propuesta aún más preocupante: lo que llaman “remigración masiva”. Detrás de ese término aparentemente técnico se esconde una idea inquietante: expulsar forzosamente a millones de personas de origen extranjero, incluyendo a sus hijos, aunque muchos de ellos hayan nacido en suelo español.
Este tipo de propuestas no sólo resultan injustas y crueles; también representan un ataque directo a los principios básicos de convivencia, igualdad y dignidad humana sobre los que se construye una sociedad democrática.
Es importante recordar una verdad fundamental: ningún ser humano es “ilegal”. Las personas migran por muchas razones: guerras, persecución, pobreza extrema, catástrofes climáticas, falta de oportunidades. Son hombres, mujeres y niños que abandonan sus hogares por necesidad, no por capricho. Tratar a estas personas como una amenaza o un problema es, como mínimo, una muestra de insensibilidad y falta de solidaridad.
Desde una perspectiva cristiana —pero también simplemente humana—, este trato despiadado hacia el extranjero contradice los valores más esenciales. Jesús lo expresó con claridad cuando dijo:
“Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; fui forastero, y no me acogisteis; estuve desnudo, y no me vestisteis; enfermo, y no me visitasteis; en la cárcel, y no vinisteis a mí”.
Estas palabras no son una metáfora. Son un recordatorio de que nuestra humanidad se mide por cómo tratamos a quienes más lo necesitan.
Tal vez lo más inquietante no sea sólo que existan partidos que proponen estas medidas, sino que estas ideas encuentran apoyo entre una parte significativa de la sociedad. Los políticos no actúan en el vacío: si promueven discursos de odio, es porque piensan que eso les dará votos. Si plantean políticas de expulsión masiva, es porque creen que hay un público dispuesto a respaldarlas.
Esto nos interpela como sociedad. ¿Estamos mirando hacia otro lado? ¿Nos dejamos llevar por el miedo, la desinformación o los prejuicios?
Existe un dicho popular que dice: “Los pueblos tienen los gobernantes que se les parecen”. Es duro, pero cierto. Cuando figuras como Donald Trump llegaron al poder en Estados Unidos prometiendo muros, expulsiones y discriminación, fue porque millones de personas votaron por ese discurso. Eso no sólo define al líder, también dice algo sobre el electorado.
Debemos tener claro que el discurso xenófobo no es un fin en sí mismo. Es una herramienta política. Se utiliza para generar miedo, dividir a la sociedad y desviar la atención de otros problemas reales: la precariedad laboral, el colapso de los servicios públicos, la vivienda inaccesible o la corrupción. Al señalar al inmigrante como culpable, se evita hablar de responsabilidades más profundas.
Además, muchas veces, quienes promueven estas ideas también defienden políticas que recortan derechos sociales, privatizan servicios esenciales o debilitan el Estado del bienestar. En otras palabras, utilizan el miedo al inmigrante para justificar recortes que afectan a toda la población.
España no debe seguir los pasos de países donde el odio y la exclusión han ganado terreno. No es digno ni justo. Y, sobre todo, no nos hace mejores como sociedad.
Tenemos una oportunidad —y una responsabilidad— de defender una visión diferente: una en la que la acogida, la justicia y la dignidad humana sean pilares fundamentales. Una sociedad fuerte no se construye levantando muros, sino tendiendo puentes. Una democracia sana no se fortalece señalando al débil, sino protegiéndolo.
En conclusión: la forma en que tratamos a los inmigrantes dice mucho sobre quiénes somos. Frente al avance del discurso del odio, la ciudadanía tiene el poder y el deber de alzar la voz. Defender los derechos humanos no es una cuestión ideológica: es una cuestión de humanidad.
Si queremos vivir en un país justo, libre y solidario, debemos rechazar firmemente cualquier propuesta que trate a las personas como si fueran un problema. Porque detrás de cada número, de cada vuelo, de cada política, hay rostros, hay nombres, hay historias. Y todas ellas merecen ser respetadas.
