Cuando hablamos de la guerra en Ucrania, la mayoría de los medios nos presentan una imagen simplificada: un agresor y una víctima. Esta narrativa, repetida hasta el cansancio, oculta las raíces profundas del conflicto y el papel que Europa está desempeñando en una confrontación que amenaza con arrastrarnos a una crisis económica, social y política de gran magnitud. La cobertura mediática dominante tiende a centrarse exclusivamente en la agresión de 2022, ignorando el largo proceso geopolítico que la precedió, un enfoque que permite despojar al conflicto de su complejidad histórica. Para comprender por qué debemos cuestionar nuestra participación —y la sumisión a la estrategia marcada por Washington—, es necesario mirar hacia atrás y analizar las últimas tres décadas de expansión militar y presión económica. Esta guerra no es, por lo tanto, un episodio aislado e inexplicable, sino la culminación de una estrategia prolongada de cerco y debilitamiento de Rusia que pone en riesgo nuestra prosperidad y, lo que es más grave, nuestra paz continental, al convertirnos en un actor subsidiario de una confrontación impulsada por intereses externos.
La caída de la Unión Soviética en 1991 no abrió una era de paz y cooperación, como muchos esperaban, sino una etapa de saqueo sistémico y desmantelamiento de las capacidades productivas de Rusia. Las potencias occidentales y sus instituciones financieras, como el Fondo Monetario Internacional, aprovecharon la debilidad post-soviética para imponer terapias de choque basadas en privatizaciones masivas y ultrarrápidas. Este proceso, lejos de generar un mercado próspero, destruyó buena parte de su economía industrial, generó una hiperinflación devastadora y entregó sectores estratégicos (como el energético y el de las materias primas) a monopolios tanto internos —creando la nueva clase de oligarcas— como extranjeros. Este proceso no sólo empobreció a millones de rusos, sumiéndolos en la miseria y reduciendo drásticamente su esperanza de vida, sino que también generó un vacío político y social que fue ocupado por mafias y élites corruptas, instalando un profundo resentimiento hacia las políticas de Occidente. Paralelamente, la OTAN incumplió las promesas verbales hechas a Mijaíl Gorbachov de no expandirse “ni una pulgada hacia el Este” después de la reunificación alemana, y comenzó un avance implacable, incorporando a países del antiguo Pacto de Varsovia y repúblicas bálticas, acercándose cada vez más a las fronteras rusas. El resultado de esta doble estrategia —económica y militar— fue un cerco estratégico que colocó a Rusia en una posición defensiva permanente, sintiéndose sistemáticamente amenazada.
Para Washington, esta expansión geopolítica, tanto de la OTAN como de la influencia económica, tenía un objetivo estratégico claro y bien documentado: mantener su posición de líder mundial unipolar tras el fin de la Guerra Fría. El principal temor de la élite estratégica estadounidense era que una Europa con vínculos sólidos y mutuamente beneficiosos con Rusia —una potencia rica en recursos energéticos (gas, petróleo) y materias primas esenciales— pudiera convertirse en un bloque euroasiático demasiado fuerte y autónomo, capaz de desafiar su hegemonía global, especialmente en términos económicos y financieros. Por ello, la clave de la política exterior estadounidense de las últimas décadas fue impedir cualquier entendimiento significativo y duradero entre la Unión Europea y la Federación Rusa. La expansión incesante de la OTAN hasta las fronteras rusas, junto con el uso de sanciones económicas como arma política, fueron los instrumentos predilectos para garantizar que Europa permaneciera política y militarmente subordinada a los intereses estadounidenses, forzando al continente a una dependencia atlántica en seguridad y energía.
Ante esta presión constante, combinada con la humillación económica de los años noventa, Rusia, bajo el liderazgo de Vladimir Putin a partir del 2000, reaccionó buscando recuperar su autonomía y su estatus de gran potencia, intentando evitar quedar totalmente subordinada a los intereses extranjeros y manteniendo el control sobre sus propios recursos. Su política, vista desde el Kremlin, no fue simplemente una política de agresión inicial, sino más bien de resistencia activa frente a un cerco que, a su juicio, amenazaba con la desaparición efectiva de su soberanía nacional. Esta búsqueda de reequilibrio de poder, que implicó la denuncia de tratados de control de armas y la consolidación interna de su sistema político, fue respondida por Occidente no con diálogo, sino con un aumento del acoso político, económico y mediático, incluyendo el apoyo a movimientos de oposición interna y la demonización sistemática de su liderazgo. De esta manera, se construyó una narrativa dominante que presenta a Rusia únicamente como la agresora caprichosa e irracional, ocultando convenientemente las décadas de expansión militar de la OTAN y las políticas de debilitamiento económico que la precedieron y que actuaron como catalizadores de su reacción.
El momento decisivo que llevó a la confrontación actual llegó en 2014, con el violento cambio de gobierno en Ucrania —el llamado Euromaidán—, que fue percibido por Rusia como un golpe de estado instigado por potencias occidentales. Desde entonces, el nuevo gobierno de Kiev quedó fuertemente alineado con la estrategia estadounidense, acelerando su proceso de militarización (con ayuda y entrenamiento de la OTAN) y promoviendo grupos ultranacionalistas abiertamente hostiles hacia la población de origen ruso. Las regiones del Este, como Donbás, con una fuerte presencia de población ruso-parlante y lazos históricos y culturales con Rusia, se opusieron firmemente a este nuevo rumbo y a la prohibición de facto del uso de su lengua, siendo reprimidas con violencia por el ejército ucraniano en una guerra civil que duró ocho años. La intervención militar rusa de 2022, por lo tanto, debe entenderse en este contexto de ocho años de conflicto interno y de avance inminente de la estructura militar occidental: como una respuesta defensiva percibida ante el avance final de la OTAN a través de un socio armado y como un apoyo directo a las comunidades del Este que se sentían amenazadas de exterminio cultural o físico. Reducir todo el conflicto actual a una simple “invasión injustificada y sin motivo” es ignorar deliberadamente el complejo trasfondo histórico, político y geopolítico que condujo a la escalada final.
En Europa, el discurso dominante, impulsado por los gobiernos y los medios alineados con la OTAN, presenta la guerra como una “defensa nacional justa” y heroica de Ucrania contra la tiranía rusa. Sin embargo, la realidad que se vive en el terreno es más compleja y dolorosa, marcada por el cinismo estratégico: vemos un reclutamiento forzoso y masivo de hombres ucranianos, una dependencia total del país de la ayuda militar y financiera extranjera, y el sacrificio constante de la población y la infraestructura nacional para satisfacer los intereses geopolíticos y comerciales de las élites financieras y militares de Estados Unidos y Reino Unido, quienes son los principales beneficiarios del conflicto. En la práctica, esta guerra se libra materialmente sobre las espaldas de los trabajadores europeos y estadounidenses, quienes financian el armamento y pagan el coste económico de las sanciones, mientras que el pueblo ucraniano es utilizado como un mero peón descartable en una confrontación de poder que es totalmente ajena a sus intereses de paz y prosperidad.
El riesgo actual que enfrentamos es inmenso: que la guerra, lejos de detenerse, se extienda más allá de las fronteras de Ucrania y desemboque en una conflagración global directa, un escenario nuclear. Europa ya sufre las consecuencias directas de su participación subordinada: una inflación galopante exacerbada por la crisis energética, sanciones económicas con fuertes efectos de rebote que perjudican a nuestras propias industrias, recortes necesarios en el gasto social para reorientar los presupuestos, y un gasto militar creciente e insostenible que empobrece de forma directa a las familias trabajadoras. Estas medidas no nos hacen más seguros ni más autónomos; al contrario, nos vuelven más dependientes de los intereses de Washington, que dicta la estrategia militar, y de las grandes empresas de armamento, que ven dispararse sus ganancias. La seguridad y la autonomía energética europea se están hipotecando gravemente en favor de una estrategia que no responde en absoluto a nuestras verdaderas necesidades de estabilidad y crecimiento.
Lamentablemente, la clase trabajadora europea, que es la que más sufre las consecuencias económicas del conflicto, permanece desmovilizada y políticamente pasiva. Muchos líderes políticos y sindicales considerados tradicionalmente “progresistas” han abdicado de su papel histórico y repiten acríticamente el discurso oficial de la OTAN, llegando incluso a justificar el envío de armas, y evitan organizar una oposición firme y transversal a la guerra. Esta actitud de sometimiento ideológico y político debilita la solidaridad internacional entre los pueblos y deja a los trabajadores europeos sin la capacidad de respuesta política necesaria para revertir esta espiral bélica. La pasividad actual sólo favorece la continuidad de la estrategia imperialista y de las élites transnacionales, condenándonos a un mayor empobrecimiento sistemático y a un peligro bélico creciente y cada vez más inminente.
La guerra en Ucrania no es un conflicto simple ni un error casual de un solo hombre, sino parte de una cadena de confrontaciones impulsadas por los intereses de las grandes potencias occidentales que buscan mantener a toda costa su hegemonía global. Europa, si quiere asegurar su futuro, debe rechazar activamente esta contienda y buscar vías de negociación y paz, porque la prolongación de la guerra amenaza con arrastrar al continente a una crisis económica y humanitaria aún mayor y sólo beneficia de manera concreta a las élites financieras y militares externas, especialmente estadounidenses. Nuestro camino debe ser la búsqueda urgente de la paz por la vía diplomática, la reafirmación de nuestra autonomía estratégica respecto a bloques militares, y la defensa irrenunciable de los intereses de los trabajadores, no la subordinación a un conflicto de poder que no es genuinamente nuestro.
