Con fecha de 12 de mayo pasado, el Secretario General del PCE y Coordinador General de Izquierda Unida, Julio Anguita, cursó a los dirigentes del PSOE, Joaquin Almunia y Jose Borrell, una propuesta de acción y movilización común entre el PSOE e IU sobre la base de una serie de puntos programáticos que se especificaban en el escrito -once en total-, sobre los que informó la prensa de aquellos días. Nos interesa ahora referirnos en especial a dos de esos puntos, el cuarto y el sexto, que se refieren, respectivamente, a la defensa del Sector Público y a la mejora de las condiciones de la pertenencia de nuestro país a la CEE.
El primero de los mencionados puntos contempla la paralización de los procesos privatizadores y de la gestión privada de los servicios. Propone asimismo un debate en el Parlamento sobre el papel de la Empresa Pública en la economía española y la potenciación de la inversión pública para mejorar el tejido productivo, la cohesión territorial y el empleo.
El otro punto programático, el sexto, persigue cambiar las orientaciones en aquellos organismos de la CEE que afectan a las producciones mediterráneas (aceite, vino, etc.) que tan negativas resultan para nuestro país.
La disposición, que al parecer se esta dando, por parte del PSOE a entrar en el estudio de esa propuesta de IU constituye un viraje sustancial en la actitud de ese partido. Téngase en cuenta que la negociación y el ingreso de España en el Mercado Común Europeo tuvo lugar bajo un gobierno del PSOE. El actual gobierno del PP, es en todo, salvo flecos, y con algo menos de corrupción (por ahora), una perfecta continuación de los gobiernos de la etapa felipista.
Por eso debemos valorar positivamente el cambio de actitud de los socialistas acerca de estas cuestiones. Lástima que hayan tenido que perder el poder para que rectificasen.
La cuestión es vital para nuestro país. Las condiciones acordadas para el ingreso en la Comunidad Europea vinieron a poner a España en venta. Dichas condiciones destinan a nuestro país a ser el recreo de Europa. La Europa de los banqueros, multinacionales agroalimentarias y especuladores inmobiliarios y de todo tipo asignaron a España la función de zona turística. Nuestro país entró con prisas en la CEE de la mano de Felipe Gonzalez sin tiempo ni disposición para negociar las condiciones más convenientes. El precio pagado por esa entrada fue el desmantelamiento del sector industrial y del agrario. Se puso en marcha una política agrícola encaminada a sacrificar la agricultura y la ganadería españolas. Los eurócratas, junto con los políticos y expertos españoles, programaron como solución el agroturismo y el turismo rural; España habría de convertirse, así, en una amplia zona de recreo para los ciudadanos de la Europa comunitaria.
Los excedentes agroalimentarios son un problema en la CEE, y España es un país con un gran potencial agrario al que quieren obligar a reducir drásticamente su producción. A Europa le estorban los productos agrarios españoles. Nuestra única ventaja era la fortaleza del sector hortofrutícola; a cambio de dejamos vender en la Europa Comunitaria hortalizas y frutas, nos imponen restricciones en la leche, los cereales, la remolacha, el girasol y las leguminosas. En realidad nos imponen la importación de esos productos.
Se trata de desmantelar la agricultura en un momento crítico, cuando en el mundo muchos países mueren de hambre y los excedentes de los países ricos están en peligro. Es de temer que nuestros excedentes estén en riesgo de faltamos pronto. En esta encrucijada histórica, España pone en peligro su independencia alimentaria. Si se presenta una crisis, a los españoles nos cogerá en un nuevo tercer mundo, pues habremos pasado de ser un país autosuficiente agroalimentariamente a depender peligrosamente del exterior. Precisaremos de divisas que nos permitan importar los alimentos que se han dejado de producir. Se está configurando una España agraria vulnerable, en caso de crisis, hasta límites catastróficos.
En una Europa donde las multinacionales dictan las ordenanzas agroalimentarias, la Europa rica acabara convirtiendo a la Europa pobre en un nuevo tercer mundo, cada vez más hundido en su fragilidad. La Europa pobre, de la que forma parte España, va de comparsa y deja que cercenen sus pocos, pero sólidos, cimientos, como en este caso es su independencia alimentaria.
Los ganaderos españoles producían 7,1 millones de toneladas de leche, o sea, 1,5 millones por encima de la cuota autorizada por la CEE. La Comunidad Europea obligó a España a una reorganización del sector lácteo que implicaba eliminar 454.000 vacas lecheras de una cabaña superior a 1,8 millones de cabezas. Conocida es la gran repercusión que esa medida tuvo en la ganadería asturiana. La adaptación a las normas comunitarias implicó, para nuestro país, el sacrificio de una parte sustancial del sector lechero. La CEE nos obligó a aplicar una cuota láctea de 4.600.000 toneladas, lo que supuso rebajar la producción en 1.500.000 toneladas. Pero lo paradógico del caso es que España tenía, antes de esa reducción, un déficit de medio millón de toneladas de leche, que tenía que importar. La situación que nos impone el Mercado Común es ser más dependientes de las importaciones para los lácteos. Pero también para otros productos agroalimentarios: las hortalizas, el aceite, el vino...
Las condiciones de ingreso de España en la CEE castigan a nuestro país, en lo industrial y en la agricultura, con relación a otros países de la Comunidad. Pero hay que decir que, en lo que a la agricultura se refiere, incide también negativamente contra nosotros la propia situación de inferioridad del conjunto de países de la Comunidad Europea en relación a las exportaciones agroalimentarias de los EE.UU. En efecto; las diferencias entre las características de la agricultura europea y norteamericana son que el tamaño medio de las explotaciones agrarias norteamericanas es diez veces superior al europeo; la población activa agraria es menos de la mitad, mientras que la superficie agraria útil es más de cuatro veces superior. Todo esto se traduce en unas densidades europeas de población mucho más elevadas.
En Europa, las explotaciones son de una media de 12 Hectáreas y ocupan diez millones de personas. En EE.UU., la media de explotación es de 200 Hectáreas y el número de agricultores apenas superan los dos millones. Por tanto, es lógico que los EE.UU. defiendan el liberalismo económico y que su objetivo sea derribar el proteccionismo de la Comunidad Europea. En estas circunstancias, la aceptación por la Comunidad Europea de las propuestas norteamericanas puede suponer la expulsión de gran parte de los diez millones de agricultores y ganaderos comunitarios. La Europa liberal que están construyendo llegaría a carecer de agricultores; las ciudades serán monstruosas y rodeadas de suburbios. Mientras, nuestros supermercados se llenarían de productos extracomunitarios que no serán más baratos ni mejores que los europeos, pero, eso sí, serán norteamericanos. El camino que conduce a esa situación ya ha sido recorrido en un gran trecho. Se puede prever que en muchos lugares de Europa, y entre ellos España, donde actualmente todavía hay explotaciones agroganaderas dentro de veinte años habrá sólo chalets para veraneantes.
Y dentro de cuarenta o cincuenta años la situación será tan caótica y demencial que las propias sociedades querrán que el campesinado vuelva al campo, pero eso ya no será posible, porque el campesino estará en las grandes ciudades haciendo otras faenas, y ya no habrá campesinos. Se habrá perdido la tradición y la cultura rural. Eso es preocupante, porque una vez perdido todo eso, es irrecuperable. El campesino puede pasar a obrero de la construcción, pero un obrero de la construcción no puede convertirse en campesino.
España, en su prisa por entrar en Europa, ha cometido un grave error histórico. Una vez ha pasado las puertas de la Comunidad Europea, la marcha atrás es difícil. La integración debía de haberse meditado y negociado con más energía, sin prisas. Se sacrificó el campo español a intereses políticos. Y en España la agricultura pesa demasiado como para que la tiremos por la borda.
Algunos políticos parecen condenados a acertar sólo cuando rectifican. Recientemente tuvo lugar en nuestro país una gran movilización en las zonas olivareras por la política de la Comunidad Europea que condena a muerte a ese sector. Pues bien, Felipe González, el hombre que pasará a la historia como el político que arrasó y arruinó la agricultura y la ganadería española (por no mencionar la industria) y es el principal responsable de los apuros que está pasando el sector olivarero, se apresta estos días a una campaña en Andalucía en defensa del aceite español. Es de temer que las rectificaciones de Jose Maria Aznar tampoco se produzcan antes de que deje de gobernar. Para nosotros estos temas importan tanto como para ser parte esencial de nuestro programa.
Julio de 1988
